Para otro mapa electoral hace falta otro mapa institucional

Ahora que la reforma constitucional está disparada, conviene reparar en el capítulo electoral. En primer lugar, porque -como se avisó- es una cuestión sin resistencia en el PJ. En segundo término, porque una nueva Ley Fundamental debiera ser una instancia superadora de las modificaciones practicadas a la Carta Magna en 1990 y de 2006, en vez de rezumar lo peor de ambas.

Tanto los alineados como los desencantados con la Casa de Gobierno promueven un esquema de representación departamental de la Legislatura, distinto que el régimen actual de tres secciones electorales. Ese esquema presenta un escollo que no es político, sino estructural. El obstáculo es el régimen unicameral del Poder Legislativo provincial, establecido hace 34 años.

Dicho de otro modo: lograr una representación departamental equilibrada en el parlamento, que tenga en cuenta las diferencias propias de cada distrito, luce viable si hay dos Cámaras. Lo cual es una lección de la historia y de nuestra tradición constitucional.

El enorme Juan Bautista Alberdi, es sabido, tiene en la Constitución de EEUU una de las fuentes de inspiración de las bases de la Carta Magna de las Provincias Unidas. Aquel país, que nace a finales del Siglo XVIII (la Revolución Norteamericana data de 1776), se encuentra atravesado en el siglo XIX por una dualidad cada vez más tensa: hay estados abolicionistas y estados esclavistas. El norte, más industrial, demanda de poblaciones asalariadas. Al sur agroexportador le conviene la esclavitud. ¿Cómo aglutinar en un país semejantes discrepancias? La respuesta está en el diseño institucional.

En el Senado los estados obtuvieron idéntica proporción: cada uno sentaba la misma cantidad de representantes. Esto garantizaba a los distritos esclavistas del sur que los del norte no sancionarían una ley abolicionista para todos los territorios. Durante la primera mitad del siglo XIX esta relación se mantuvo. Hacia 1820 hay 12 estados de cada lado. Diez años después son 13 en cada polo. En la década de 1840 hay ventaja para el sur: suman 15 distritos, contra 14 del norte. Pero hacia 1850 se rompe esa constante: los estados “libres” suman 17, mientras los otros se mantienen en 15. En 1861 estalla la guerra civil, cuando estados del sur van a la secesión por la presión abolicionista del norte.

Retornando al diseño institucional, cuando se plantea la representación idéntica de los Estados en una cámara, surgen planteos desde el norte y el sur: los distritos grandes reniegan de que les asignen igual cifra de bancas que a los pequeños. Las diferencias se respetarán en una segunda cámara (la de Representantes): los escaños se asignan ya no de modo igualitario, sino proporcional.

En la Argentina, Alberdi enfrenta otro desafío: la desmesura de Buenos Aires. ¿Cómo articular una federación donde un solo distrito concentra tanta población, riqueza, territorio y puertos, en comparación con los otros? La respuesta será la bicameralidad: en la Cámara Alta, todos tienen el mismo número de senadores. En la Cámara Baja, nadie tiene tantos diputados como Buenos Aires.

De esa tradición, en la cual una cámara plasma los contrastes entre los distritos, mientras que otra los compensa, está hecha la historia constitucional de Argentina y también la de Tucumán, que tuvo dos cámaras provinciales durante la vigencia de la Constitución de 1907, hasta la reforma de 1990.

Alquimias y fórmulas

Plasmar una representación legislativa departamental en una provincia unicameral provocará un desbalance. Si se adopta un esquema donde a cada departamento se asigne la misma cantidad de bancas, Tafí del Valle tendría igual peso que la Capital; o Trancas que Yerba Buena; o Graneros que Tafí Viejo; o La Cocha que Banda del Río Salí. Por otro lado, si se repartirán las bancas según la población. ¿Por qué el antiguo Burruyacu tendrá menos representantes que el departamento Tafí Viejo, donde Las Talitas aparece como municipalidad recién en la década de 1990?

El único proyecto presentado, el de los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse, Javier Noguera, Christian Rodríguez, Alberto Olea y Gabriel Yedlin, plantea una departamentalización “mixta”: algunos distritos tienen representación propia, y otros la comparten. Se busca que, en promedio, haya una banca cada 25.000 votos. Pero lo que es homogéneo para las cifras, no lo es para las identidades distritales. Ni para las realidades diarias. Por caso, Lules se fusiona con Famaillá, aunque hoy la dinámica cotidiana de Lules está más vinculada a Yerba Buena. Monteros aparece fusionada con Tafí del Valle. ¿Por qué no se liga Monteros con Simoca y a Famaillá con los Valles? Río Chico (Aguilares) es fusionado con Alberdi y La Cocha. ¿Por qué no se une a Aguilares con Concepción, donde existe una verdadera vecindad; y, por iguales razones, a Alberdi con Graneros y La Cocha? ¿O por qué no se da representación propia a cada departamento si cada cual tiene municipalidad?

El otro problema que provoca una representación departamental en una provincia unicameral es la “metropolitización” de la política. En el proyecto de los cinco legisladores, la Legislatura pasa a tener 51 parlamentarios. De ellos, 19 corresponden a Capital, seis a Cruz Alta (las intendencias son Banda del Río Salí y Alderetes) y cinco a Tafí Viejo (las intendencias son Las Talitas y Tafí Viejo). Es decir, entre esos tres departamentos suman 30 legisladores. En ese esquema (o en otros que serán irremediablemente similares), un gobernador que sólo administre favorablemente para esas cinco municipalidades ya tendría asegurada la “gobernabilidad” en la Legislatura, a despecho del resto.

Justamente, el poder se diseña con los regímenes electorales. Cuando en 1994 se eliminó el Colegio Electoral de la Constitución Nacional, advino la “conurbanización” de la política nacional. Hasta mediados de los 90, Buenos Aires sentaba el 35% de los electores a Presidente. Ahora, con el voto directo, su padrón equivale casi el 50% de los votantes del país. Antes, las fórmulas presidenciales mezclaban códigos postales (Alfonsín era bonaerense y Martínez, cordobés; Menem era riojano y Duhalde, bonaerense; Kirchner era santacucreño y Scioli, bonaerense). Últimamente, Cristina-Boudou; Macri-Michetti; Alberto-Cristina y Milei-Villarruel son binomios “made in” Buenos Aires.

Lo curioso es que, a la hora de pensar en una representación departamental, no asome ni por atisbo una vuelta a la bicameralidad. El prejuicio de que un parlamento con dos cámaras sería “más gasto” es, en Tucumán, casi inaudito: lo repite medio mundo, como si tuviésemos una Legislatura que es el paradigma de la austeridad. El Poder Legislativo bicameral no gastaba, en Tucumán, lo que hoy insume la monocámara. A mediados del siglo XX, y con dos cámaras, el gobierno de Tucumán construyó el hospital Padilla, el Instituto Cardiológico y el dique El Cadillal. Después de la reforma de 1990, con una sola Cámara, sólo construyeron un edificio nuevo para esa sola Cámara…

Se puede tener bicameralidad, y con ello generar una representación electoral más representativa, incluso con menos gasto público. Lo que no se puede (y es trágico que todavía no se haya aprendido esa lección histórica) es conseguir más democracia con menos república.