Las reglas domésticas en la economía estatal

Se terminó el mes de noviembre, con él también concluyó el período ordinario de sesiones del Congreso de la Nación y aún no hay presupuesto de gastos y recursos para 2025. ¿Deberá haber una prórroga de la prórroga del presupuesto 2023? Porque tampoco hubo aprobación del presupuesto 2024 y se está aplicando la ley de administración financiera, que da las pautas para casos como éste pero no es lo mismo que la definición política ajustada a los tiempos presentes. Por las dudas, no se puede culpar al gobierno. El oficialismo ni se acerca a tener bancas para demorar o impulsar nada. Si el resto de los partidos quisiera, ya habría presupuesto. ¿Y entonces?

Si se pensara bien de la oposición podría decirse que respeta el papel conductor de Javier Milei y por eso no quiere introducir modificaciones al proyecto que choquen muy directamente con la propuesta original. Hay tardanza porque se negocia civilizadamente. Si se pensara mal, que no se anima a romper los lineamientos básicos de la propuesta porque sabe que enojará a buena parte de la opinión popular. Le guste o no, las encuestas favorecen al gobierno.

Los lineamientos básicos son que no haya déficit fiscal y que si la recaudación resultare menor que la autorización de erogaciones entonces se recorten gastos en vez de habilitar emisión de dinero como solía hacerse. En el lenguaje común se presenta con la figura de la administración del hogar: no hay que gastar más de lo que se gana, y si ingresa menos dinero hay que achicar los gastos. En la familia no respetar eso genera problemas, en el Estado también.

Quienes critican la prudencia fiscal suelen rechazar el planteo diciendo que no son entidades comparables, por ejemplo porque el Estado tiene la capacidad de emitir dinero, cosa que una familia no. Pero justamente ahí está el problema. La emisión significa imponer sobre los ciudadanos una carga que no aceptarían voluntariamente. La diferencia entre hogar y Estado no es un alivio sino una maldición.

Hay que ver los casos con algún detalle. Podría decirse que una familia tiene como fuente de ingresos el trabajo de sus miembros mientras que el Estado los impuestos. El pago por el trabajo es fruto de un intercambio voluntario; la recaudación de impuestos no, es coactiva. Pero supóngase que lo importante sea sólo su regularidad. Un flujo de gastos acorde al de ingresos parecería evitar problemas en ambos niveles.

También en ambas esferas si hubiera un descalce negativo se podría vender un activo, según el problema. Es obvio que tal camino sirve sólo para un bache transitorio y también que se pierden los beneficios (si los tenía) que proporcionaba el bien vendido. Aunque es posible que tal venta fuera la solución si el activo era la causa del desbalance. Si no, mantener el estilo de gastos una vez hechas las ventas significa impagos futuros.

Otra salida es pedir prestado. Un individuo irá a un banco, una empresa también o lanzará un título. Pero debe devolver en algún momento o tendrá problemas judiciales, así como difícilmente consiga nuevos préstamos. Consejo tradicional: si el crédito es para generar nuevos ingresos o para cubrir un bache hasta la llegada de ellos, no hay problema. Si es para consumo corriente regular, es peligroso. ¿Qué dice el manirroto fiscal? El Estado no tiene inconvenientes porque no quiebra. Siempre puede refinanciar. Pero no es así. Primero, muchos países que hoy no existen fueron Estados quebrados, sólo que como no hay reglas de concurso estatal de acreedores y quiebras no es evidente. Segundo, cuanto más pide un gobierno menos crédito tiene el sector privado porque el oficial se queda con los recursos disponibles. Entonces las tasas de interés subirán y habrá menos actividades que rindan lo suficiente para devolver: la economía sufre. Tercero, al gobierno le costará cada vez más conseguir dinero: nuevas subas de tasas. Cuarto, se comienza a pedir a los gobiernos resultados como si debieran pagar efectivamente la deuda cuando lo usual es renovar, lo que significa programas de ajuste. Y quinto, se cae en default, de cuyas consecuencias negativas hay experiencias cercanas.

Queda la emisión. Una familia podría emitir vales (pagarés) y le servirían mientras fueran fiables y mejor si circulan al menos en el barrio, porque podrá emitir más. Pero en cuanto haya dudas sobre la factibilidad de redimirlos se cae todo. Será una deuda común y corriente con sus consecuencias tribunalicias. Se dice que la ventaja del Estado es que puede imponer sus billetes sobre millones de personas, quienes no pueden acudir a Tribunales porque no hay contraparte al dinero. Ahora bien, eso implica también la facultad de abusar, con consecuencias que debieran ser más que conocidas: se huye hacia otras monedas (crisis cambiaria), aparece una economía en negro basada en moneda extranjera y se acelera la inflación debido a la caída en la demanda por dinero, que además de dañar a las personas (sobre todo a los más pobres y a los obligados a la formalidad) también deteriora el poder del gobierno.

Sería muy bueno que los parlamentarios nacionales estén masticando ideas como las expuestas y se demoren sólo porque tratan de compatibilizarlas con sus necesidades políticas. Si la alternativa es que la oposición no apura las cosas porque espera que el PEN afloje restricciones o introduzca gastos que ellos pretenden jugando a que la necesidad de tener la ley de leyes lo haga ceder, podría equivocarse. Al gobierno parece no preocuparle la demora; no aprobar el presupuesto 2025 no es una amenaza creíble.

En resumen, los impuestos distorsionan las decisiones económicas, la deuda pública seca el mercado, la emisión causa inflación. Ninguna manera de financiar al Estado es buena, y para peor sus gastos no suelen ser los de mayor rendimiento social. No sólo debería haber superávit, también debería haber menos gasto. Porque efectivamente el gobierno no es como una familia. Es más peligroso.