Conflicto por el edificio: cruces por la expropiación de la escuela Gabriela Mistral

El Concejo Deliberante ordenó la expropiación del edificio donde se asienta la escuela Gabriela Mistral hace dos meses. La cooperativa que de manera mixta administraba la institución junto a la Capital no quedó conforme y, además de solicitar una medida cautelar a la ordenanza reciente, denunció penalmente al municipio por “usurpación de la propiedad privada”. “Tenemos pleno respaldo legal”, replican en el Ejecutivo.

Segmentando la cuestión, cabe recordar que la escuela funcionó por los últimos 36 años gracias a convenios sucesivos firmados por la Cooperativa de Servicios de Educación y Servicios Sociales y la Intendencia de turno, entre los que compartían la gestión de la institución. Al asumir Rossana Chahla, la jefa municipal dispuso que cesaría el pago de las cuotas mensuales para los alumnos y luego elevó al cuerpo parlamentario el proyecto para la expropiación del inmueble.

Ahora bien, la asociación que fue creada por un grupo de padres en 1988 y que dirige Alfredo Grassia rechaza la manera en la que se resolvió el tema en el recinto, de “declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación” dicho espacio. La Cooperativa, en primer lugar, defiende que los motivos para determinar lo primero tiene “fundamentos falaces que no prueban la satisfacción del bien común”, y cuestiona la legitimidad de la potestad expropiatoria del Concejo Deliberante.

Sobre esto la Fiscalía Municipal -dirigida por Conrado Mosqueira- argumenta que la razón por la que se decidió expropiar fue que “el derecho a la educación gratuita y de calidad no puede estar atado a la voluntad de un minúsculo grupo de terceros, quienes podrían tomar la decisión de disponer el inmueble para otro fin y dejar sin posibilidad de funcionamiento a la escuela si el municipio no accede a sus pretensiones”.

Además, la oficina hace alusión a que la Cooperativa “administraba la escuela como una institución privada” y que desde 2014 no se renueva el convenio que debía existir para que funcione la misma. “Desde ese año presentamos notas al municipio y nunca contestaron. Administrativamente cumplimos con todas las directivas”, defiende Grassia.

“Es nuestro edificio”

Existe otra situación que irritó a la Cooperativa y que llevó a que realicen una denuncia penal contra la Municipalidad. Sucede que el período de expropiación todavía no concluyó y los funcionarios están haciendo pleno uso del espacio, visitándolo y definiendo los arreglos edilicios que realizarán para el ciclo lectivo 2025.

Grassia apunta a que “ese edificio sigue siendo de la Cooperativa” y acusa que “el viernes pasado, vecinos del barrio (la institución queda en Juan José Paso 167) nos avisaron que estaban desde muy temprano violentando las puertas del colegio. Tenemos las cámaras de seguridad: rompieron los candados e ingresaron al colegio sin pedirnos autorización. Cuando nosotros llegamos, ya habían puesto policías de la PPC (por la Patrulla de Protección Ciudadana) y seguridad privada para no dejarnos entrar”.

Entonces, el argumento de la asociación es que “la ordenanza lo que determina es declarar el bien público, pero tienen que expropiar; pasar el proceso administrativo y hacerse cargo del edificio una vez que todo esté aprobado. Nos tienen que hacer alguna oferta y nosotros aceptarla, porque el edificio sigue siendo nuestro”. Las partes habían firmado un acta acuerdo para que la Municipalidad haga uso del inmueble, pero aquel venció el 31 de diciembre.

Por su parte, la Fiscalía responde que “el inmueble fue declarado de utilidad pública, afectado al bien común, y actualmente se encuentra en proceso de expropiación (a través del decreto 1054 emitido el 3 de diciembre), lo que otorga pleno respaldo legal a su uso por parte del ciclo lectivo”.

Además, añade: “la proximidad del inicio del ciclo lectivo 2025, que requiere garantizar el funcionamiento de una escuela municipal en los niveles primario y secundario, constituye un claro caso de necesidad y urgencia. En este contexto, la Ley de Expropiaciones N° 5.006 habilita la posesión inmediata del bien, asegurando así la continuidad del servicio educativo”.

Sobre el acuerdo, la Fiscalía sostiene que “la Municipalidad nunca perdió el inmueble y su uso actual responde tanto a las disposiciones legales como a la responsabilidad de garantizar el acceso a la educación para más de 700 estudiantes”. En tanto, Grassia concluye su queja insistiendo que: “nosotros queremos hablar con la intendenta. Queremos que nos explique qué es lo que quiere hacer, porque nosotros nunca quisimos cerrar el colegio. ¿Por qué después de 36 años de funcionamiento ejemplar de la Cooperativa quiere hacer esto? ¿Por qué no trabajar juntos?”.

Se trabaja en la refacción del edificio

Pese a los conflictos legales con la asociación, el municipio aseguró que “el desarrollo del ciclo lectivo 2025 está absolutamente garantizado”, y mencionó parte de las obras que se están llevando a cabo. “Se acondicionarán espacios comunes que anteriormente eran restringidos por la Cooperativa, impidiendo el acceso a estudiantes, docentes y directivos. Entre estos espacios e incluyen baños y aulas, los cuales estarán disponibles para su uso pleno por parte de toda la comunidad educativa. Asimismo, se harán nuevos sanitarios de uso del edificio”, dijo la Fiscalía. Y según había informado la Municipalidad, luego de la reconstrucción de baños se mejorarán los techos, el sistema de iluminación y otras instalaciones. Además, la secretaria General del municipio, Camila Giuliano, adelantó que las obras se extenderán a los demás establecimientos de la órbita del gobierno municipal. “Este es el compromiso que tiene nuestra intendenta con la educación pública de calidad”, manifestó.