El año electoral no le escapa al ajuste que aplican las provincias

¿Hay margen para flexibilizar el gasto público como suele pasar en los años impares? ¿Los gobernadores no resistirán la tentación de gastar para sostener su poder territorial y, de esa manera, tratar de imponerse en las elecciones de medio turno? ¿Puede sostenerse el ajuste fiscal en medio de un reclamo generalizado de recomposición salarial en el sector público? Interrogantes como estos se plantean cotidianamente en el Estado pero, por convicción o por necesidad, las provincias están condenadas a seguir restringiendo el gasto, ya que no hay seguridad respecto de cómo evolucionarán los ingresos. El axioma es tan claro como antiguo: no se puede gastar más de lo que ingresa. “A pesar del fuerte recorte en 2024, el gasto público provincial sigue un 21% por encima de 2000. Reducir el peso del Estado permitiría aliviar los impuestos más distorsivos”, plantea la Fundación Mediterránea.

Aun cuando el sector público morigeró su participación en la economía desde 2016, y del fuerte ajuste fiscal registrado en 2024, todavía se puede apreciar una importante suba del peso del gasto primario en el Producto Bruto Interno (PBI) en el período 2000-2024, de un 25% a nivel nacional y de un 21% para el consolidado de provincias, indica el diagnóstico elaborado por los economistas del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) Marcelo Capello, Nicolás Cámpoli y Juan Manuel López. Tucumán está en línea con esa reducción del gasto. Por caso, durante el primer año de la administración del gobernador, Osvaldo Jaldo, la provincia realizó una restricción de las erogaciones en línea con el Pacto de Mayo firmado con el presidente, Javier Milei. Tucumán, según datos del Ministerio de Economía, redujo el gasto en un 21% del PBI, muy cerca de la meta del 25% establecido en el acuerdo Nación-provincias. Jaldo instruyó que el ajuste continúe, pero sin resentir los servicios esenciales que brinda el Estado: educación, salud y seguridad.

Concomitantemente, en la realidad nacional, el reporte del Ieral puntualiza que todavía se puede apreciar un aumento de la presión tributaria efectiva de un 44% en Nación y de un 48% en provincias, en el mismo lapso, más allá de los ajustes realizados en cada jurisdicción subnacional.

“Frente a la necesidad de mejorar la competitividad estructural para la producción local, se necesita una baja adicional en la presión tributaria, en los tres niveles de gobierno. A nivel nacional, además de lo ya ocurrido con la eliminación del impuesto PAÍS, se requiere seguir bajando hasta eliminar los Derechos de Exportación, al igual que el impuesto a los débitos y créditos bancarios”, plantean los autores del estudio económico.

A nivel de provincias, la mayor urgencia es la eliminación/sustitución/morigeración de Ingresos Brutos, y del impuesto de Sellos. En los municipios el principal candidato es la Tasa de Seguridad e Higiene, que funciona en forma similar al Ingresos Brutos provincial, así como otros tributos que deterioran la competitividad, como las que gravan el consumo de electricidad y gas, y otros. “Como el desafío es muy importante, resulta necesario, en primer lugar, morigerar la suba del gasto en los tres niveles de gobierno desde 2025 y hasta el final de las actuales administraciones de gobierno, para que su variación anual no supere a la tasa de inflación, de modo que, en una economía con recuperación de la actividad, se generen excedentes fiscales que puedan utilizarse para reducir la presión tributaria”, sugieren.

En el análisis, el Ieral posiciona a Tucumán como la tercera provincia con mayor presión fiscal efectiva tomando en cuenta sólo los tributos provinciales, sólo superada por Misiones y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si se toman en cuenta las tasas municipales, se ubica en el segundo puesto a nivel nacional. En el área de Economía provincial relativizan ese ranking. Sostienen que la presión baja al 3,4% tomando en cuenta el Producto Bruto Geográfico (PBG), muy por debajo de la media nacional.