
El Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) definió, en una votación dividida, la oferta ganadora en la licitación para adjudicar la operación de las plantas de San Felipe (clasificación de residuos) y de Overo Pozo (disposición final), dos centros estratégicos para la gestión de la basura recolectada en el Gran San Miguel de Tucumán.
La unión transitoria de empresas conformada por las firmas Esur y Ciageser (del holding que administra la firma 9 de Julio) resultó seleccionada en el proceso iniciado en febrero pasado. Esta opción se impuso por sobre la que había elevado la firma Moviser SRL, actual prestataria de los servicios en pugna, con contrato hasta fines de abril.
El 7 de marzo se había llevado adelante la apertura de sobres, donde los interesados realizaron sendas propuestas sobre la base del pliego de bases y condiciones que había fijado el Consorcio Metropolitano para la Girsu, con un presupuesto de $ 81.000 millones por cinco años.
La primera oferta que se leyó correspondía a la UTE Esur-Ciagese, con un precio final de $68.142 millones para brindar el total de los servicios durante un periodo de 60 meses.
Por su parte, Moviser SRL había planteado un precio final de 103.968 millones por idéntico período.
Los miembros del Consorcio Metropolitano definieron que la primera alternativa resultaba más conveniente, y se dio por ganadora a la UTE. En ese sentido se expresaron los consejeros por los municipios de San Miguel de Tucumán (socio mayoritario del ente), Yerba Buena, Alderetes y Tafí Viejo. En tanto que Banda del Río Salí y Las Talitas se inclinaron por la continuidad de Moviser SRL.
La licitación obtenida por la UTE Esur-Ciagese alcanza todas las etapas posteriores a la recolección domiciliaria de la basura que se lleva a cabo en el Gran San Miguel de Tucumán.
Los municipios que integran el Consorcio Metropolitano trasladan sus desechos al predio de San Felipe, en donde se realiza la clasificación (separación) de los residuos y luego el transporte hacia Overo Pozo. Allí, finalmente, se concreta la disposición final de los residuos sólidos urbanos mediante el sistema de relleno sanitario.
Observaciones
En la última etapa del proceso de licitación que llevó adelante el Consorcio Metropolitano, ambos oferentes tuvieron la oportunidad de manifestar observaciones respecto a la propuesta que había elevado su competidor.
Gastón Nelson Iturrieta, representante legal de la UTE, elevó un escrito en el que incluyó una docena de objeciones a la oferta de Moviser SRL.
Entre otros puntos, mencionó que el monto acercado por esta firma resultaba “manifiestamente inconveniente”, dado que “supera el 20% del valor del presupuesto oficial del pliego de bases y condiciones”.
Consignó además que Moviser SRL, al momento de la oferta, “no acreditó haber inscripto la modificación de su contrato social, según surge del acta de reunión de socios del 24 de febrero de 2025”. Iturrieta sostuvo luego que esa empresa constituye “una sociedad infracapitalizada y recientemente concursada”; y que fue “sancionada incluso por el mismo Consorcio Metropolitano del Girsu”.
El socio gerente de Moviser SRL, Máximo Ignacio Jiménez Montilla, también tuvo oportunidad de formalizar cuestionamientos sobre la propuesta de la UTE. En su caso, incluyó 13 puntos, y advirtió que, en caso de adjudicarse el contrato a Esur SA y Ciageser SA, esta firma “obtendría el monopolio de sistema de recolección de basura y de tratamiento de la misma”. “Ello conlleva una franca violación a las leyes antimonopolio”, aseveró Jiménez Montilla.
En el informe, el socio gerente de Moviser SRL alegó además que la empresa contrincante tuvo “acceso al contenido de los pliegos licitatorios antes de la adquisición de los mismos, permitiéndole a las sociedades involucradas conocer información reservada para aquellas empresas que hayan efectuado la compra de los pliegos de bases y condiciones, en franca violación al principio de igualdad y de transparencia que deben reinar en una licitación pública”. Y señaló que existen “indicios que surgen de la propia oferta y de la documentación presentada, que sugieren que ciertos documentos contienen fragmentos textuales que coinciden exactamente con el contenido del pliego”. Entre otras observaciones, además, objetó las “inconsistencias en el rubro salarial”.
Una vez revisadas las objeciones de ambas oferentes, el Consorcio resolvió adjudicar el contrato a la unión de empresas Esur SA y Ciageser SA.