17 Marzo 2013
Hasta hace unas décadas, casi no había en la Argentina marcos normativos para la defensa del medio ambiente. Desde hace aproximadamente 20 años, esa situación se modificó, reformas constitucionales mediante y con la incorporación de nuevas perspectivas en el Derecho.
Con esos nuevos enfoques, la cuestión ambiental se convirtió en materia obligada de políticas públicas. Sin embargo, en el mismo período, la producción fabril del azúcar, del citrus y de las curtiembres ha impactado negativamente sobre la cuenca del río Salí-Dulce, con consecuencias dramáticas para la flora y la fauna del dique Frontal, en Termas de Rio Hondo y para gran parte de los tucumanos.
Como se recordará, el caso se judicializó (hay acciones civiles y penales) cuando la provincia de Santiago del Estero decidió demandar a Tucumán por la reiterada mortandad de peces en su jurisdicción. El secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, ha dimensionado la gravedad de la contaminación de la cuenca Salí- Dulce al equipararla con la problemática del Riachuelo.
En los últimos cinco años han sido las defensorías del Pueblo (provinciales y nacional) y las secretarías de Medio Ambiente de la Nación y de Tucumán las que han asumido la tarea de coordinar acciones para que las fábricas que contaminan dejen de hacerlo. Como es sabido, la vinaza, subproducto de la fabricación de alcohol, es uno de los desechos más contaminantes que llegan al lecho del Salí.
En ese marco, la Nación habilitó en su momento líneas de crédito específicas para que los ingenios puedan adaptar su equipamiento y estructura fabril al objetivo preconizado de "vinaza y ceniza cero".
En ese lapso, los ingenios tucumanos han reaccionado de modo desigual, según consignaron las autoridades a cargo de los controles.
Esta semana, Mussi estuvo en Tucumán, inspeccionando obras en ingenios; y a los industriales les ratificó que las destilerías serán clausuradas si no cumplen con el programa de tratamiento de vinaza.
"Tenemos la obligación de ser implacables", les dijo, y anticipó que podrán recaer inhabilitaciones de producción de alcohol para aquellos ingenios que no cumplan con el Programa de Reconversión Industrial (PRI).
En un cruce con uno de los industriales azucareros líderes de la Provincia, quien le había solicitado que gestionara la entrega de un certificado de un crédito otorgado en 2008 para cumplir con el entonces plan de reconversión industrial, le respondió que las obras de tratamiento de residuos deberían haberse hecho sin un crédito. "Cuidar la salud de la gente no tiene por qué tener un crédito del Estado", le increpó Mussi.
El planteo del funcionario sintetiza un historial de larga data en la Provincia, donde casi toda la industria (salvo excepciones de empresas extranjeras que certifican normas ambientales desde la década de 1990) encaró acciones ambientales con créditos o subsidios del Estado o de organismos multilaterales como el BID o el Banco Mundial. En otras palabras: no asumió que la conducta ambiental es un componente de la Responsabilidad Social Empresaria y una exigencia de los mercados externos.
Nos parece que, dado este saludable envión, las autoridades provinciales y nacionales no deben ceder en los controles exhaustivos sobre la industria que vierte sus desechos en el río Salí. Entendemos que si esas inspecciones sobre las fuentes contaminantes se sostienen en el tiempo, la industria incorporará finalmente las prácticas sustentables por convicción, y no sólo por la presión del Estado.
Con esos nuevos enfoques, la cuestión ambiental se convirtió en materia obligada de políticas públicas. Sin embargo, en el mismo período, la producción fabril del azúcar, del citrus y de las curtiembres ha impactado negativamente sobre la cuenca del río Salí-Dulce, con consecuencias dramáticas para la flora y la fauna del dique Frontal, en Termas de Rio Hondo y para gran parte de los tucumanos.
Como se recordará, el caso se judicializó (hay acciones civiles y penales) cuando la provincia de Santiago del Estero decidió demandar a Tucumán por la reiterada mortandad de peces en su jurisdicción. El secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, ha dimensionado la gravedad de la contaminación de la cuenca Salí- Dulce al equipararla con la problemática del Riachuelo.
En los últimos cinco años han sido las defensorías del Pueblo (provinciales y nacional) y las secretarías de Medio Ambiente de la Nación y de Tucumán las que han asumido la tarea de coordinar acciones para que las fábricas que contaminan dejen de hacerlo. Como es sabido, la vinaza, subproducto de la fabricación de alcohol, es uno de los desechos más contaminantes que llegan al lecho del Salí.
En ese marco, la Nación habilitó en su momento líneas de crédito específicas para que los ingenios puedan adaptar su equipamiento y estructura fabril al objetivo preconizado de "vinaza y ceniza cero".
En ese lapso, los ingenios tucumanos han reaccionado de modo desigual, según consignaron las autoridades a cargo de los controles.
Esta semana, Mussi estuvo en Tucumán, inspeccionando obras en ingenios; y a los industriales les ratificó que las destilerías serán clausuradas si no cumplen con el programa de tratamiento de vinaza.
"Tenemos la obligación de ser implacables", les dijo, y anticipó que podrán recaer inhabilitaciones de producción de alcohol para aquellos ingenios que no cumplan con el Programa de Reconversión Industrial (PRI).
En un cruce con uno de los industriales azucareros líderes de la Provincia, quien le había solicitado que gestionara la entrega de un certificado de un crédito otorgado en 2008 para cumplir con el entonces plan de reconversión industrial, le respondió que las obras de tratamiento de residuos deberían haberse hecho sin un crédito. "Cuidar la salud de la gente no tiene por qué tener un crédito del Estado", le increpó Mussi.
El planteo del funcionario sintetiza un historial de larga data en la Provincia, donde casi toda la industria (salvo excepciones de empresas extranjeras que certifican normas ambientales desde la década de 1990) encaró acciones ambientales con créditos o subsidios del Estado o de organismos multilaterales como el BID o el Banco Mundial. En otras palabras: no asumió que la conducta ambiental es un componente de la Responsabilidad Social Empresaria y una exigencia de los mercados externos.
Nos parece que, dado este saludable envión, las autoridades provinciales y nacionales no deben ceder en los controles exhaustivos sobre la industria que vierte sus desechos en el río Salí. Entendemos que si esas inspecciones sobre las fuentes contaminantes se sostienen en el tiempo, la industria incorporará finalmente las prácticas sustentables por convicción, y no sólo por la presión del Estado.
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