El Tucumán del manzurismo siempre acierta a ser, para el macrismo, el mejor ejemplo de los peores ejemplos institucionales del país.
En mayo de 2016, a seis meses de asumir la Presidencia, Mauricio Macri le reclamó al mandatario tucumano, delante de los intendentes que lo acompañaron a la Casa Rosada, que le pusiera fin a los acoples. Esa variante subtropical de los sublemas, que provoca la licuación de la representatividad: en la provincia de más de 1,5 millón de habitantes hay legisladores consagrados como tales con menos de 15.000 votos. Dada la dispersión, el 35% de los tucumanos que fue a votar en agosto de 2015 se quedó sin representación en la Legislatura, según reconoció en noviembre la Secretaría de Gobierno de la Provincia. O lo que es igual, el sistema se encarga de que la tercera parte de la comunidad, aún cumpliendo con su deber cívico, no tenga voz ni voto en el más democrático de los poderes del Estado.
En abril pasado, el macrismo exhibió a Tucumán ante el país como el paradigma de la oportunidad perdida. La bonanza sin igual que experimentó el capitalismo en Occidente durante el arranque del tercer milenio, tan única como probablemente irrepetible, fue bautizada por el kirchnerismo como la “década ganada”. Sin embargo, las obras de infraestructura planificadas desde hace un cuarto de siglo para conjurar las inundaciones en el sur tucumano jamás se realizaron. El resultado fue poblaciones completas sumergidas por las aguas del Marapa, fundamentalmente, y también del Gastona. La Nación no tuvo eufemismos: el secretario de Interior de la Nación, Sebastián García De Luca, le dijo a Manzur en la Casa de Gobierno que la Casa Rosada asistiría a Tucumán, pero mediante la contratación de obras directamente desde Buenos Aires, y no mediante Aportes del Tesoro Nacional, que no exigen contraprestación, lo cual los torna discrecionales. “No queremos que haya vivos en el medio”, fue la durísima respuesta del funcionario nacional.
En las puertas de 2018, Macri le apunta a la planta de personal legislativo. “Tenemos que terminar con los ñoquis y con los beneficios personales en el Estado. No puede ser que en Tucumán haya 80 empleados por legislador”, aseveró el Presidente, dos días antes de la Navidad.
En todos los casos, siempre opera un elemento común en la reacción de Manzur: una suerte de sorpresa. “No sé por qué habrá elegido Tucumán como ejemplo. Habría que preguntarle a él”, contestó en Nochebuena. El estupor oficial se explica por los recurrentes olvidos en los que incurre el tucumano.
En cuanto a la reforma política, Manzur parece no recordar que el 29 de octubre de 2015, él prometió cambiar el régimen electoral en particular y el sistema político en general. “Con el objetivo de consolidar nuestra democracia debemos pensar en el desarrollo de una reforma política que se construya a partir de la participación del conjunto de los actores de la sociedad, como así también un sistema electoral que tienda a lograr mayores niveles de democratización institucional y social”, anunció en el mismísimo discurso de asunción.
Respecto de la desinversión en infraestructura contra las inundaciones a lo largo de la democracia pavimentadora, Manzur parece no rememorar que él fue vicegobernador de los dos últimos gobiernos de José Alperovich; y que se desempeñó como ministro durante los dos gobiernos de Cristina.
Respecto del número de empleados de la Legislatura, Manzur parece no registrar que fue presidente de la Legislatura durante ocho años. Asumió en 2007 tras criticar que Fernando Juri gastase $ 200 millones por año como titular de la Cámara. Asumió con la promesa de erogar la mitad que esa suma, para que con la otra parte se hicieran obras. Ese año gastó más que su antecesor. En 2015, cuando lo consagraron gobernador (entre urnas quemadas, embarazadas y refajadas, en escuelas plenas en tiroteos, acarreos y bolsoneos), el presupuesto pasó de $ 960 millones a $ 1.520 millones. Los $ 600 millones de diferencia fueron a la partida de Transferencias, que alimentaban los Gastos Sociales. De eso, $ 200 millones salieron en valijas del banco oficial, cargadas en camionetas de la Legislatura.
Respecto del planteo macrista sobre los empleados legislativos, la admiración del gobernador arroja otras lecturas. La primera es que, en octubre, Manzur ya sabía que el macrismo añejaba este cuestionamiento. Lo habló con autoridades de la Cámara, luego de que Osvaldo Jaldo descabezara la mesa de conducción, en el marco de su campaña de desalperovichización, convencido de que el sector del ex mandatario se comportó deslealmente en las urnas y perpetró la sangría de 60.000 votos (y una banca) entre las PASO y las generales.
La palabra del gobernador pidiendo morigerar el gasto parlamentario no fue recibida con simpatía. Incluso, uno de los interlucotores de la Cámara le hizo notar que el alperovichismo advertía que, como represalia a su pérdida de espacios de poder, haría flamear la denuncia de la empleomanía. Pero el pedido manzurista no fue desoído: en el Presupuesto 2018, el Poder Ejecutivo y el Judicial incrementan sus partidas en dos dígitos, mientras que el Legislativo solo actualiza con un dígito. Acaso por ello, Macri no cuestiona el Presupuesto de la Legislatura.
El reproche presidencial hacia la Legislatura y sus empleados impacta en Jaldo, pero cuando Macri dice “Tucumán” en la escena nacional se oye “Manzur”. Tal vez sirva como ejercicio para que el mandatario advierta que cuando el alperovichismo explica sus embestidas en nombre de que no tiene problemas con el gobernador sino con el vicegobernador, en realidad, no está siendo del todo sincero. El adversario del ex gobernador es su sucesor.
Algunos concurrentes del entorno de Manzur y de Jaldo le ponen letra a la sorpresa del oficialismo: es por la “falta de reciprocidad” de la Casa Rosada.
Léase, el manzurismo asumió que luego de haber facilitado dos parlamentarios clave (Pablo Yedlin y Gladys Medina) para la reforma previsional (sin ellos, el macrismo no hubiera logrado quórum), y la firma estratégica de José Fernando Orellana (sin su rúbrica, no había dictamen), de la Casa Rosada sólo iba a llegar agradecimientos.
Por eso, en el brindis del miércoles en Casa de Gobierno, Manzur (acompañado por Jaldo) hizo subir al escenario a los dos primeros diputados, en nombre de que ellos pusieron “la cara” y “el cuerpo” a las normas que necesitaba Cambiemos.
Opera entonces, otra vez, el olvido. Manzur fue quien planteó la lógica “amor con amor se paga” con Cambiemos. Fue el primero en aceptar el mecanismo de restitución de Coparticipación Federal de Impuestos (5% de devolución, 5% en calidad de deuda, 5% ya veremos algún día) que propuso el macrismo, cuando la Corte federal falló a fines de 2015 que la Nación debía reintegrar a las provincias el 15% de esa masa de recursos que se retenían indebidamente desde 2006. A cambio, el macrismo le hizo dos grandes favores al manzurismo en 2016.
Por un lado, le dio ventajas competitivas (retorno del limón al mercado de EEUU, aumento del 2% en el corte de bioetanol en combustibles; ampliación del aeropuerto Benjamín Matienzo, inicio de obras en el Belgrano Cargas…). Por el otro, Tucumán se convirtió en un desfile de funcionarios nacionales, que brindaron al tucumano la legitimidad de ejercicio que compensó su déficit de legitimidad de origen. El gobernador siguió respondiendo con el voto de diputados y de senadores en favor del PRO.
Pero en el año electoral que termina, Manzur viró. Criticó a Macri como pocos. Para ahorrar tiempo y espacio, el 29 de septiembre declaró que había que ser un ebrio o un trasnochado para votar al mandatario nacional. “Debe ser gente que se acostó medio tarde, con una copita de más y se ha equivocado”, definió, en un acto en Trancas. Antes, en abril, dirigentes vinculados con hombres clave del Gobierno insultaron al Presidente en Monteagudo.
Macri contestó con reciprocidad. No vino el 9 de julio y luego visitó Tucumán sin siquiera saludar al gobernador. “(Manzur) me ha faltado el respeto. No tiene problema en cambiar de chip”, disparó el jefe de Estado. Tampoco dudó en bajar el precio del bioetanol, cambiando las reglas para los industriales que ya tenían contratos con otros valores.
Ahora Manzur respaldó el plan de reformas y el macrismo correspondió no modificando la carga impositiva sobre las bebidas azucaradas. Uno por uno. Así que el gasto público provincial no “entra” en este sistema de compensación política. Con Macri será favor por favor, y diente por diente.
Eso sí: a Manzur no le pasan inadvertidas las embestidas de Macri. Pero tampoco van más allá que un ruido coyuntural. Y eso se debe a que en los últimos tiempos Macri no ha sido el mejor ejemplo en materia de institucionalidad. Durante la noche del miércoles, el Senado nacional aprobó el Presupuesto 2018 sobre la base de unas coordenadas económicas y financieras que la Casa Rosada modificó en la mañana de ayer, cuando el “equipo económico” anunció la modificación de las pautas inflacionarias del Banco Central de la República Argentina. La calidad institucional no se proclama, se ejerce.
El Gobierno nacional, por supuesto, tiene argumentos para fundar su decisión. Pero la república no es solamente un conjunto de razones: es, primordialmente, un universo de valores.
A la par, los barquinazos del macrismo merecen cuestionamientos hacia la Nación, pero no atenuantes para los bandazos manzuristas. Si Tucumán sigue siendo un buen ejemplo de lo que son los malos ejemplos institucionales es porque, en síntesis, Manzur nunca desactivó el alperovichismo. Esa es la matriz de que la cultura gubernamental de Tucumán siga siendo exhibida federalmente como el paradigma de lo que no debe hacerse.
Manzur presidió la Convención que reformó la Constitución en 2006. Planteó allí que Tucumán debía contar ese año con la ley del sistema de voto electrónico, pero después de ser dos veces vicegobernador, y de ser dos años gobernador, no cumple con ese mandato. También determinó que en aquel año debía sancionarse la Ley de Régimen Electoral y los Partidos Políticos, que podría acotar los acoples, pero tampoco cumple con ese mandato. Ni con el de dotar de autonomía a las municipalidades (cosa que parecen olvidar los legisladores que quieren crear más municipios). Y hasta mandó a publicar un libro acerca de cómo ejecutar la reforma política, pero tampoco cumple ese mandato autoimpuesto.
El manzurismo, en definitiva, es un gobierno de principios: pone por escrito el principio de las acciones, pero luego no las realiza.
Es todo un síntoma. Porque él mismo, en la reforma constitucional, fijó que puede postularse para un segundo período. ¿Buscará ese mandato?
Algunos alperovichistas quieren largar en enero la campaña por la “vuelta de José”. Algunos jaldistas sólo tendrán paciencia hasta marzo para que Manzur defina si va por la reelección, o no.
La indefinición no es un estilo de gobierno, sino tan sólo la carencia de una personalidad política.
Va a durar tan poco el Año Nuevo…