De facturas, tarifas y otros ajustes

Hay una sorda batalla que se desató en WhatsApp. Es la de las tarifas. De un lado, comparan las facturas que paga un usuario tucumano respecto de un cliente que reside en otra provincia. Del otro, los cuadros que marcan las asimetrías en las facturas por los cargos de transporte. De uno y de otro sector no admiten que son parte del mismo problema: aunque con distinto peso específico, Nación y provincia definen los reajustes en los valores del servicio de electricidad.

¿Cómo es la incidencia de una decisión política sobre la factura que cada uno de nosotros recibe en el domicilio? El costo de energía, potencia y transporte son definidos por el Gobierno nacional. Es lo que se denomina “Abastecimiento” y que importa el 48% de la facturación. La provincia, a su vez, participa con el 24%. Toda vez que se hable de Valor Agregado de Distribución (VAD) hay responsabilidad del Gobierno local en la readecuación tarifaria, porque es el que autoriza el reajuste a la distribuidora. Ni uno ni otro pueden sacar los pies del plato. El tercer componente está relacionado con la carga impositiva. La Argentina es más cara que otros países precisamente por el efecto cascada que producen los tributos que se cobran. El 28% del total de la facturación del servicio eléctrico corresponde a impuestos nacionales (IVA) y a tasas municipales. Algunas intendencias han reaccionado frente al reclamo social de que se reduzcan las tarifas de las boletas que recibieron durante la última semana. La explosión del consumo de verano se potenció por efecto del aumento de casi un 30% (combinado entre una parte que autorizó la Nación y otra la provincia). Frente al monto cobrado, la reducción que tendrán las facturas por la disminución o eliminación de las tasas puede llegar a ser simbólica.

De la misma manera puede darse el caso del impacto de la tarifa social si es que el gobernador Juan Manzur define otorgar a un universo estimado en 100.000 usuarios del servicio de electricidad que, por su condición de ingresos, no puede afrontar la totalidad de la boleta. La ayuda será parcial y no disminuirá con fuerza el impacto del ajuste. Frente a esta realidad, la discusión política acerca de que la Nación es la mala de la película y que las provincias no pueden desatender la tarifa social, tras la quita de los subsidios, es técnica, cuando no bizantina. Y es allí donde se origina la viralización de los argumentos.

Uno dice que “un médico en Paternal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires paga 750 pesos, por un consumo de 553 kwh. O sea 1,30 aproximadamente x kilowatt. Un tucumano paga 970 pesos por 218 kwh de consumo. Es decir $ 4.45 por kwh”. Eso exponen aquellos que están más cerca de la posición asumida por Cambiemos. En el Justicialismo, en tanto, la base argumentativa es la siguiente: “en la cuestión de las tarifas, amen de que EDET sigue estando por debajo del promedio, no es menor el hecho que Edenor no pague transporte y a Tucumán eso le representa casi el 10% de la tarifa”. En esta idea, un usuario tucumano que consume 300 kwh puede llegar a pagar, en promedio, $ 1.114,45, mientras que un cliente de Edenor (presta el servicio para la zona noroeste de la Ciudad de Buenos Aires y a 20 partidos del conurbano bonaerense) el servicio mensual puede llegar a facturarse en $ 924,98.

¿Cómo pudo haberse solucionado la cuestión de interpretación política de tal modo que el usuario del servicio no tenga que estar rezando antes de recibir la factura? Históricamente, los acuerdos o consensos fiscales fueron redactados de un modo que, según el prisma con que se lo mire, tenga la interpretación que se prefiera. El tecnicismo jurídico contribuye a esas libres interpretaciones. Por eso, en definitiva, los pactos son incumplidos y, periódicamente, la autoridad de turno tiene que llegar a los gobernadores para renovar tal o cual decisión o disposición. En el medio de toda esta discusión, que crece mientras se acerca el turno electoral, están los usuarios que no saben cómo afrontar una obligación que, si se incumple, terminará sin la prestación del servicio esencial para la vida diaria. Cada cual atiende su juego y el que no lo atienda, una prenda dará. El problema de este “Antón pirulero” es que el juego no se abre y la prenda siempre termina siendo dada por el mismo jugador.