Por Federico Türpe
13 Julio 2024
Pacto de “Malio” o Pacto de “Julyo”. O también Pacto de “Juma” o de “Maju”. Finalmente el documento se tituló “Acta de Mayo”, aunque se firmó en julio. Es de no creer la polémica que se desató en las redes sociales, en los foros de los diarios y en los debates televisivos por el nombre que debía llevar el acuerdo suscripto el 9 de julio entre la Nación y 18 de las 24 provincias, considerando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una de ellas.
Hubo muchos tucumanos enojados porque no se cambió el nombre por “Pacto de Julio”, pese a que el acta original se confeccionó para ser rubricada el 25 de Mayo y tuvo que ser postergada por la dilación en la aprobación de la Ley Bases (27.742) y la ley del paquete fiscal (27.743), que entraron en vigencia el 8 de julio, con su publicación en el Boletín Oficial.
Lo cierto es que en julio no se configuró un acta nueva, sino que sólo se selló un documento demorado.
Más allá de este debate bastante superficial, como si lo importante fuera el nombre y no el contenido y, más aún, la ejecución de ese contenido: cómo será su puesta en marcha, qué impacto real tendrá y cuáles de las 22 autoridades que lo refrendaron lo cumplirán en sus territorios o cargos y hasta dónde.
Además del Presidente y de los 18 gobernadores, estamparon su firma el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, la única mujer que figura en el acta.
Volviendo al nombre, tenemos varios amigos que se llaman Julio y que no nacieron en julio, como también conocemos a distintos Robertos que son excelentes personas y a la vez sabemos de otros Robertos de dudosa calidad humana. “La pinta es lo de menos”, cantaba Palito Ortega.
Para los enojados con el título, mayormente tucumanos, la discusión quedó zanjada en la introducción de la declaración, donde en tono de réplica del Preámbulo constitucional dice: “Nos los representantes de las Provincias Unidas del Sur, reunidos en San Miguel de Tucumán, lugar de nacimiento de nuestra Nación, ante la mirada del Eterno, en nombre y por la autoridad del pueblo que representamos, declaramos solemnemente que es voluntad unánime de los presentes romper con las antinomias del pasado y refundar el contrato social que dio nacimiento a nuestra querida Patria. Los aquí firmantes declaramos y ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Mayo, conforme a lo convenido en las siguientes diez cláusulas, establecidas con el objetivo de reconstituir las Bases de la Argentina y reinsertar a nuestro pueblo en la senda del desarrollo y la prosperidad”.
Una casa aún más histórica
Al margen de este jocoso debate, la gravitación de Tucumán en esta declaración es trascendental por varios motivos, para bien o para mal, según el punto de vista o la ubicación en el arco ideológico del opinante.
Trascendental por la fecha en que se firmó, el día más importante para el país y también para la provincia. Por el lugar donde se llevó a cabo, en la sala más notable de la Argentina. Porque el gobernador de esta provincia, Osvaldo Jaldo, ofició de anfitrión de más de 700 autoridades nacionales y de este modo se constituyó, casi sin querer, en el garante del pacto más preponderante que se rubricó en democracia entre estados provinciales y la Nación, de carácter fundacional, o refundacional. Previo a ello existieron los pactos preexistentes a la Constitución Nacional, en la primera mitad del Siglo XIX, cuando Argentina aún no era Argentina, y luego vinieron algunos pactos del Siglo XX, pero la mayoría fueron acuerdos políticos, no institucionales, como el pacto electoral entre Juan Perón con Arturo Frondizi, en 1958, para unificar votos peronistas y radicales, o el de Raúl Alfonsín con Carlos Menem, llamado Pacto de Olivos, de 1993, donde se acordó un “Núcleo de Coincidencias Básicas”, y que derivó en la reforma constitucional de 1994. Pero fueron pactos entre fuerzas políticas, no entre estados.
Otras razones que ubican a Tucumán en la centralidad política actual son que Jaldo fue el primer gobernador en apoyar públicamente las reformas que anunció Javier Milei apenas asumió; que Jaldo comenzó a impulsar medidas en la provincia en sintonía con los cambios libertarios, incluso antes de que Milei fuera presidente; y que el 6 de junio de 2023, cinco días antes de resultar electo, con la Iglesia como garante Jaldo firmó un “Acta-Compromiso” con el resto de los candidatos a la gobernación, excepto la izquierda, también de 10 puntos y que cuenta con algunas coincidencias con el Pacto de Mayo.
El Pacto y el Acta
Entre las concomitancias entre el Pacto de Mayo y el Acta-Compromiso están la austeridad en la gestión del Estado a través del equilibrio fiscal y la reducción del gasto público; garantizar una educación pública inclusiva, integral, útil y moderna; y promover distintas reformas económicas, impositivas y laborales para incentivar inversiones y la generación de empleo digno y genuino.
Los puntos en ambos documentos se dividen básicamente en dos grupos, los que abordan temas que deberían ser cuestiones de Estado per se, es decir que no deberían requerir de ningún acuerdo para que fueran prioritarios de cualquier gestión, como la seguridad, la educación, la salud, la austeridad, la honestidad y la generación de empleo genuino, y los que tratan asuntos más refundacionales, como las reformas electorales, impositivas, laborales, previsionales y económicas.
El Pacto nacional sentó las bases de la transformación de un país que está quebrado en casi todos sus frentes socioeconómicos, pero la verdadera articulación de los cambios debe ocurrir en las administraciones subnacionales: provincias, municipios y comunas.
El gobernador Jaldo ya dio cuatro pasos, hasta ahora más intencionales que concretos: el Acta-Compromiso del año pasado, el discurso del 1 de marzo con anuncios de reformas estructurales que sorprendieron más a propios que a opositores, la adhesión plena al acuerdo firmado el 9 de julio, y el reciente llamado a una diligente conformación de una agenda para un Pacto tucumano. Anticipó dos temas concretos, la reforma electoral y el acceso a la información pública, que deberían ser aprobados por ley para que tuvieran más seguridad en el tiempo y garantía jurídica, y enfatizó que los plazos son importantes y que deberían formar parte del acuerdo, a la vez que expresó que en su opinión deberían producirse “cuanto antes”.
Sobran consensos, faltan concreciones
Hasta el momento el único dirigente que respondió a la fijación de plazos que propuso Jaldo fue el referente de CREO, Sebastián Murga, quien sugirió que fuera el 24 de septiembre, una fecha histórica y sensible para los tucumanos.
Recogiendo y sintetizando las manifestaciones de los distintos sectores de la oposición y del propio gobernador, nos atrevimos a compendiar las principales propuestas que podrían conformar parte del borrador del Pacto tucumano:
-Reforma electoral, que incluya la eliminación de los acoples y la implementación de la boleta única de papel (el sistema más utilizado en el mundo).
-Leyes de acceso a la información pública y de ética y de transparencia.
-Reforma tributaria para disminuir la carga impositiva para los ciudadanos, para las empresas y comercios que están asfixiados y para atraer más inversiones.
-Reforma constitucional, ya que la Carta Magna provincial es la más judicializada en la historia de la provincia y además está plagada de “letra muerta”.
-Modificar la Ley de Coparticipación para evitar la discrecionalidad del reparto de fondos.
-Acotar las numerosas y “eternas” leyes de emergencia.
-Desburocratizar la administración pública y agilizar los trámites personales, y para emprender negocios y generar empleo genuino.
-Que la educación, la seguridad, las adicciones, el narcotráfico y el sistema sanitario sean una prioridad.
-Achicar y modernizar el Estado para disminuir el gasto público y conseguir más austeridad y eficiencia en la gestión.
-Combatir en serio la contaminación del agua y del aire.
-Luchar contra la corrupción y la impunidad.
El consenso es muy amplio aunque, curiosamente, los silencios más llamativos provienen desde la propia bancada oficialista, que no parece estar muy cómoda con las reformas que impulsa su propio líder.
A la explicación la podemos encontrar en Nicolás Maquiavelo, citado magistralmente por el profesor de la UNT y ensayista, Javier Habib, en su columna “Acerca de la obligatoriedad de las promesas (y los pactos)”, publicada en este diario el 11/7: “En el Capítulo XVIII de su Príncipe, Maquiavelo aconseja a Lorenzo de Medici no cumplir sus promesas cuando el cumplimiento sea más dañino para él que el incumplimiento…”, porque “jamás faltan al príncipie razones legítimas para disfrazar la violación de sus promesas…”, y porque “los hombres son tan simples y se someten hasta tal punto a las necesidades presentes, que el que engaña encontrará siempre quien se deje engañar”.
Por esa razón, el Pacto tucumano de “Malio” parece próximo a redactarse y a firmarse, aunque su ejecución, a juzgar por los frondosos antecedentes provinciales de reformas, también contaría con amplias probabilidades de maquiavelizarse, si acaso el cumplimiento es más dañino que el incumplimiento.
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