Por Luis María Ruiz
18 Septiembre 2024
PARA CENTROS COMUNITARIOS. Tras la denuncia del ministro de Desarrollo Social se logró el secuestro de mercadería destinada a asistencia social.
La Justicia penal dio un revés a tres imputados que habían quedado al borde del sobreseimiento en la causa por la venta ilegal de mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.
La jueza de impugnación Laura Julieta Casas, a cargo de la audiencia, revocó lo resuelto por su par de primera instancia Federico Moeykens, quien había dispuesto el vencimiento de los plazos para la investigación penal preparatoria en contra de los sospechosos Hugo Adrián Juárez, Ivana Vanesa Sánchez y Juan Ernesto Juárez.
Además, también a pedido de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos que conduce Mariana Rivadeneira (con Brenda Deroy como auxiliar fiscal), la jueza Casas ratificó la declaración del trámite como asunto complejo. Con ello, según indica el Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT), se extiende el margen para la duración de la investigación penal preparatoria a dos años, con la chance de hasta un año más de prórroga.
El expediente se originó en enero pasado, a partir de una denuncia formulada por el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Federico Masso, que advirtió sobre desvíos en lotes de alimentos destinados a cooperativas de trabajo, comedores y merenderos comunitarios.
Por el escándalo, se llevaron adelante allanamientos y arrestos. Y si bien no hay personas privadas de la libertad por este proceso, la Justicia tiene bajo la lupa a seis sospechosos: los Juárez y Sánchez (defendidos por Gustavo Morales), Marcos Eduardo Soria (representado por Patricio Char), Lucas Matías Orrillo (patrocinado por Marcela Ledesma e Iván Escobedo) y Rosa Margarita Ibáñez (por Agustina Recalde).
Plazos
En una audiencia celebrada en agosto, Morales había advertido que se había vencido el plazo de seis meses previsto por la normativa procesal para la investigación penal preparatoria, sin que el Ministerio Público Fiscal (MPF) requiriera una prórroga. El juez Moeykens había dado la razón al defensor, aunque había indicado que no correspondía definir el sobreseimiento de los Juárez y de Sánchez en esa audiencia. De todos modos, los tres clientes de Morales habían quedado cerca de librarse de este trámite penal.
La cuestión fue debatida nuevamente el viernes, en el ámbito del Tribunal de Impugnación. Allí, la Fiscalía a cargo de Rivadeneira planteó ante la jueza Casas que lo resuelto por el juez Moeykens había sido arbitrario, entre otros puntos, porque no corresponde al MPF fijar la fecha de las audiencias.
Tras escuchar la postura de la defensa y de los imputados, la magistrada dio la razón a la fiscalía en lo referido a los plazos, y dispuso la continuidad de la investigación penal preparatoria también contra los imputados Juárez y Sánchez.
Masso denunció el 15 de enero la venta de mercadería que el Ministerio de Desarrollo Social había adquirido para asistencia alimentaria. Sobre la base de los primeros datos obtenidos, la Justicia provincial ordenó una serie de procedimientos y, además de encontrarse evidencia, se concretó el arresto de cinco sospechosos. Una de las hipótesis es que los lotes eran retirados de un depósito contratado por el Gobierno provincial para luego ser revendidos, a sabiendas de que estaba prohibida la comercialización de estos productos. Entre los elementos secuestrados había arvejas, puré de tomates, fideos, harina, leche en polvo, azúcar, arroz y aceite, entre otros comestibles. “Vamos hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Este tipo de acciones no se puede admitir en la provincia de Tucumán”, había enfatizado el gobernador, Osvaldo Jaldo, tras los allanamientos.
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