Se estancó la causa de la venta de tierras fiscales

La causa del “Loteo Gaucho Castro” entró en un compás de espera. Pese a que la Justicia ordenó la restitución de las tierras de la Reserva La Angostura y el desalojo de sus ocupantes, la medida no se cumplió por la impugnación que realizaron defensores y el representante legal de al menos tres compradores. Tampoco se realizó la formulación de cargos de usurpación y estafas reiteradas por las que estaban acusadas siete personas.

Hace dos semanas, el juez Mario Velázquez, por pedido del fiscal de feria Miguel Varela y la Fiscalía de Estado, en un trámite poco usual al no haberse debatido la cuestión en un debate, resolvió la restitución provisoria durante seis meses de las tierras fiscales al Estado. También dispuso un plazo de 10 días hábiles (se vencieron ayer) para que los ocupantes abandonaran las tierras que según ellos habían adquirido de buena fe.

Cergio Morfil y Silvia Furque, defensores del titular del emprendimiento inmobiliario Juan Pablo Castro impugnaron la resolución. Ellos aducen que esas tierras pertenecen al investigado, ya que la recibió como indemnización laboral en 1985 y que desde entonces tenía a cargo su posesión, ya que allí cultivaba verduras y lo usaba como lugar de pastoreo. Los representantes de la Provincia presentaron documentación de que recibieron esos terrenos como forma de pago por una deuda impositiva.

Por otra parte, el defensor de tres ocupantes también presentó un recurso para evitar el desalojo. La Fiscalía de Estado, que ejerce la querella por disposiciones de la fiscal Gilda Pedicone, solicitó la revocatoria de la concesión del recurso otorgado a los apelantes. Fracasó en su intento, ya que el juez interviniente dispuso que se discuta todo en una audiencia Hasta el momento, el debate no tiene fecha de realización de la audiencia donde se planteará esta situación. Lo único concreto es que Marcos Bolla, el comprador que había sido procesado por desobediencia judicial al no haber acatado la orden de no construir, deberá desocupar el predio dentro de poco más de dos semanas, para poder acceder a la probation a la que se adhirió.

La investigación

Lo mismo ocurre con el debate que se debe resolver la situación procesal de todos los investigados en la causa. Si bien es cierto que el juez Velázquez, dos semanas atrás había dejado en claro que había indicios suficientes para realizar la formulación de cargos, la fiscala Mónica García no definió aún cuándo pedirá la realización de ese debate.

Por el caso están siendo investigados Castro, el ex titular de Regularización Dominial y Hábitat Fernando Rogel Chaler, los empleados de la ya desaparecida repartición Maximiliano Barreiro y Rafael Trujilo, Yanina Mamaní (nuera del último empleado estatal) y Damián Romano (nieto del titular del proyecto inmobiliario). El último en ser mencionado en la causa fue el delegado comunal Jorge Cruz, que fue suspendido en sus funciones por el gobernador Osvaldo Jaldo, pero trascendió que situación no es tan comprometida como se pensó en un primer momento.

En un principio, Varela había decidido investigarlo por usurpación (se habrían apoderado de manera ilegal de tierras fiscales) y estafas reiteradas (porque podrían haber elaborado un mecanismo para su venta). Pero hasta que estuvo al frente de la investigación no descartaba acusarlos de asociación ilícita (crearon una organización para cometer ilícitos).