El riesgo institucional tras la promoción de una criptomoneda: ¿Fue delito lo que hizo Milei?
La abogada especializada en delitos de corrupción, docente y escritora, Cynthia Castro, analizó este lunes en LA GACETA las implicancias legales y políticas de la reciente polémica en torno al presidente Javier Milei y su vinculación con la promoción de una criptomoneda.
"Bajo ningún punto de vista un presidente de la Nación, sea del partido que sea, puede con total ligereza dar libertad de apoyar empresas privadas o incentivar inversiones sin estar debidamente asesorado", advirtió.
Para Castro, el principal delito que podría investigarse en este caso es el de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública". Explicó que, si el presidente tenía detrás algún tipo de interés que no correspondiera con el rol de garantizar el crecimiento y la estabilidad económica del país, se trataría de una falta grave. "La única moneda que el presidente debe apoyar es el peso argentino", enfatizó.
Además, sostuvo que "las criptomonedas no son malas en sí mismas, pero su crecimiento es volátil y solo quienes realizan análisis técnico del mercado pueden comprenderlo". En este sentido, cuestionó que Milei haya actuado "como un influencer y no como un presidente de la Nación". "Eso exige compromisos serios y no poner en riesgo la reputación del país", sentenció.
Castro subrayó que este caso generó un gran impacto institucional, ya que "tener un presidente que actúa como promotor de una moneda que no es el peso argentino y que se desploma por especulación es muy grave". Añadió que "las criptomonedas juegan con la psicología de masas y no tienen estabilidad como otras inversiones, como el petróleo o la tecnología".
Otro elemento que complica la situación, según la abogada, son las recientes declaraciones de uno de los fundadores de la criptomoneda en cuestión. "Davis manifestó que no solo es asesor del presidente, sino que este tenía conocimiento previo sobre el tema. Hay registros de visitas a Casa Rosada, lo que contradice la versión de Milei de que desconocía los detalles de la operación", explicó.
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"Esto genera incertidumbre y desprestigio en la gestión de gobierno, que se ha presentado con un discurso de transparencia. Sin embargo, ahora podemos decir con certeza que esa transparencia no existe", sostuvo Castro. Además, recordó que la Ley de Ética Pública establece que todo funcionario que tenga conocimiento o sospecha de la comisión de un delito debe denunciarlo. "Por eso hay tantas denuncias. Esta mañana se hablaba de más de 112", apuntó.
Sobre las acciones que podrían tomarse, Castro sostuvo que "el juicio político no es viable en este momento, ya que no hay una condena contra el presidente". Sin embargo, enfatizó que sí es necesario abrir una investigación independiente que no dependa del Poder Ejecutivo. "Debe analizarse si hubo un mal desempeño en las funciones, si existió connivencia con particulares para impulsar una moneda privada y si esto representó un beneficio para alguien en detrimento del país".
Finalmente, Castro advirtió sobre los riesgos de esta situación a nivel internacional. "Estados Unidos tiene leyes estrictas sobre manipulación de mercados. Allí, impulsar artificialmente una inversión para luego retirarse rápidamente es un delito federal. Se debe analizar si existe una conexión directa del presidente con este tipo de maniobra, lo que podría traer serias consecuencias para él y su gobierno", concluyó.