Por Roberto Delgado
26 Diciembre 2014
Fue el año de la degradación de la seguridad. Fue, por un lado, un descenso institucional, con la baja de rango del Ministerio de Seguridad Ciudadana, que ha quedado subsumido en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad. Por otro lado, se consolidó el ingreso de otros actores al combate contra la inseguridad, con modos y objetivos diferentes.
La Policía tiene unos 8.000 agentes. Cada día trabajan aproximadamente 4.000 de ellos, divididos en tres turnos. Es decir, en este momento hay unos 1.200 agentes en toda la provincia. A ellos se agrega el servicio adicional de los policías que son contratados en sus horas de descanso. No hay cifras precisas porque este sistema es muy discrecional; se los encuentra en supermercados, almacenes, boutiques, instituciones públicas -comunas, municipalidades, hospitales, Anses, Registro Civil, etcétera. Son contratados en todas partes. Hasta en el fuegolandia de Sargento Cabral y Mendoza se puede encontrar hoy un agente de vigía en medio de dos parlantes que atronan. Acaso sean unos 2.000 agentes adicionales.
También hay algunos policías a los que se les puso una carga especial de servicio aunque estén de franco. Se les paga horas extras y entran dentro de los 700 agentes ocupados del operativo especial de fin de año.
También, históricamente, dan servicios las agencias de vigilancia, con unos 500 hombres. La cifra también es incierta porque hay varias empresas no inscriptas en la cámara que las agrupa (Catesi) y que escapan a los controles. En general, comerciantes, empresas e instituciones prefieren contratar a policías porque tienen armas y son más baratos que los de las agencias.
A este sistema se agregó en 2012 el sistema de alarmas barriales “Alerta Tucumán”, que pusieron el legislador Gerónimo Vargas Aignasse y el concejal Esteban Dumit, en competencia política con el Gobierno. Hace un mes se agregó otro legislador, Federico Romano Norri, con su “mapa del delito” elaborado a partir de denuncias vecinales. También hubo iniciativas mixtas, como la de los “vigías municipales” de Las Talitas, vecinos contratados desde enero por la Municipalidad para prevención de hechos delictivos.
Otro operador de seguridad es la Justicia, en dos modalidades. Por un lado la decidida injerencia de los fiscales en la prevención policial, como ha sido el caso del barrio Sur, donde el fiscal Washington Navarro Dávila ha dado instrucciones sobre cómo deben trabajar los policías. Este cambio comenzó con la asunción de Edmundo Jiménez como ministro fiscal. Por otra parte, la decisión de la Corte Suprema de realizar el relevamiento de homicidios ha puesto en aprietos a la Policía y a los funcionarios, al dejar en evidencia elevados niveles de violencia y de muerte.
A este cóctel se agregan, en este fin de año, los 200 vigías antisaqueos puestos por los punteros políticos en conjunto con el Gobierno para dar seguridad en supermercados y sitios de gran afluencia de gente.
¿Ha servido eso para aplacar la sensación de inseguridad? Varios hechos que han tomado estado público han dado cuenta del miedo, de la furia y de las inquietudes de la gente: desde el ladrón drogado casi linchado por vecinos el 7 de enero en el barrio Policial IV, hasta las tragedias del dramaturgo Rafael Nofal, que el 8 de diciembre mató a un intruso que encontró en el patio de su casa, y del comerciante Dante Corbalán de Villa Mariano Moreno, que el 14 de agosto mató a un joven que había entrado a su depósito. Hubo episodios insólitos como el del perro que el 28 de noviembre causó la muerte de un desconocido que entró a una finca en San Cayetano y circunstancias trágicas como la del ladrón que el 21 de diciembre recibió una descarga mortal en un corralón de San Andrés, electrificado a propósito por su dueño, harto de robos. La fragmentación de respuestas tiene que ver con esa degradación de la seguridad. La Policía sigue apelando a los “operativos de saturación” como los de Barrio Sur y a correr por detrás de los reclamos vecinales, pero la sociedad muestra los efectos de una realidad compleja, como ha ocurrido en esta violenta Navidad. Cada tanto vuelven a aparecer noticias de violencia policial usada como método de control social. En septiembre hubo escándalo por el video de torturas a un supuesto ladrón esposado y ahora fue la paliza que sufrió un motociclista de Tafí Viejo, que acusa a dos agentes de la Patrulla Motorizada. El fin de año nos atrapa en la máxima degradación. El secretario de Seguridad, Paul Hofer, dice que el programa integral en ejecución va a dar sus frutos en un futuro próximo (no hay soluciones mágicas, asevera). Pero no se avizora el cambio cultural, ni avance de la conducción civil sobre los métodos y el secretismo policiales, ni evaluadores externos de su calidad y eficiencia. Alguna vez, en Buenos Aires, León Arslanián sentenció que había que refundar la Policía. De eso acá no se habla. Como los sobrevivientes en la serie “The Walking dead”, estamos en la fragmentación, sin saber de dónde, de quién ni cómo vendrá el próximo ataque.
La Policía tiene unos 8.000 agentes. Cada día trabajan aproximadamente 4.000 de ellos, divididos en tres turnos. Es decir, en este momento hay unos 1.200 agentes en toda la provincia. A ellos se agrega el servicio adicional de los policías que son contratados en sus horas de descanso. No hay cifras precisas porque este sistema es muy discrecional; se los encuentra en supermercados, almacenes, boutiques, instituciones públicas -comunas, municipalidades, hospitales, Anses, Registro Civil, etcétera. Son contratados en todas partes. Hasta en el fuegolandia de Sargento Cabral y Mendoza se puede encontrar hoy un agente de vigía en medio de dos parlantes que atronan. Acaso sean unos 2.000 agentes adicionales.
También hay algunos policías a los que se les puso una carga especial de servicio aunque estén de franco. Se les paga horas extras y entran dentro de los 700 agentes ocupados del operativo especial de fin de año.
También, históricamente, dan servicios las agencias de vigilancia, con unos 500 hombres. La cifra también es incierta porque hay varias empresas no inscriptas en la cámara que las agrupa (Catesi) y que escapan a los controles. En general, comerciantes, empresas e instituciones prefieren contratar a policías porque tienen armas y son más baratos que los de las agencias.
A este sistema se agregó en 2012 el sistema de alarmas barriales “Alerta Tucumán”, que pusieron el legislador Gerónimo Vargas Aignasse y el concejal Esteban Dumit, en competencia política con el Gobierno. Hace un mes se agregó otro legislador, Federico Romano Norri, con su “mapa del delito” elaborado a partir de denuncias vecinales. También hubo iniciativas mixtas, como la de los “vigías municipales” de Las Talitas, vecinos contratados desde enero por la Municipalidad para prevención de hechos delictivos.
Otro operador de seguridad es la Justicia, en dos modalidades. Por un lado la decidida injerencia de los fiscales en la prevención policial, como ha sido el caso del barrio Sur, donde el fiscal Washington Navarro Dávila ha dado instrucciones sobre cómo deben trabajar los policías. Este cambio comenzó con la asunción de Edmundo Jiménez como ministro fiscal. Por otra parte, la decisión de la Corte Suprema de realizar el relevamiento de homicidios ha puesto en aprietos a la Policía y a los funcionarios, al dejar en evidencia elevados niveles de violencia y de muerte.
A este cóctel se agregan, en este fin de año, los 200 vigías antisaqueos puestos por los punteros políticos en conjunto con el Gobierno para dar seguridad en supermercados y sitios de gran afluencia de gente.
¿Ha servido eso para aplacar la sensación de inseguridad? Varios hechos que han tomado estado público han dado cuenta del miedo, de la furia y de las inquietudes de la gente: desde el ladrón drogado casi linchado por vecinos el 7 de enero en el barrio Policial IV, hasta las tragedias del dramaturgo Rafael Nofal, que el 8 de diciembre mató a un intruso que encontró en el patio de su casa, y del comerciante Dante Corbalán de Villa Mariano Moreno, que el 14 de agosto mató a un joven que había entrado a su depósito. Hubo episodios insólitos como el del perro que el 28 de noviembre causó la muerte de un desconocido que entró a una finca en San Cayetano y circunstancias trágicas como la del ladrón que el 21 de diciembre recibió una descarga mortal en un corralón de San Andrés, electrificado a propósito por su dueño, harto de robos. La fragmentación de respuestas tiene que ver con esa degradación de la seguridad. La Policía sigue apelando a los “operativos de saturación” como los de Barrio Sur y a correr por detrás de los reclamos vecinales, pero la sociedad muestra los efectos de una realidad compleja, como ha ocurrido en esta violenta Navidad. Cada tanto vuelven a aparecer noticias de violencia policial usada como método de control social. En septiembre hubo escándalo por el video de torturas a un supuesto ladrón esposado y ahora fue la paliza que sufrió un motociclista de Tafí Viejo, que acusa a dos agentes de la Patrulla Motorizada. El fin de año nos atrapa en la máxima degradación. El secretario de Seguridad, Paul Hofer, dice que el programa integral en ejecución va a dar sus frutos en un futuro próximo (no hay soluciones mágicas, asevera). Pero no se avizora el cambio cultural, ni avance de la conducción civil sobre los métodos y el secretismo policiales, ni evaluadores externos de su calidad y eficiencia. Alguna vez, en Buenos Aires, León Arslanián sentenció que había que refundar la Policía. De eso acá no se habla. Como los sobrevivientes en la serie “The Walking dead”, estamos en la fragmentación, sin saber de dónde, de quién ni cómo vendrá el próximo ataque.
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