Pueblos originarios, los defensores de los bosques

En el último siglo, Argentina utilizó sus bosques nativos como si se tratara de un recurso ilimitado. Durmientes para los ferrocarriles, vagones, puertos, casas, muebles, postes de miles de kilómetros de alambrado y combustibles provinieron -y todavía provienen, en algunos casos- de bosques. El uso ha sido intenso.

Luego llegó el turno de la agricultura: grandes extensiones de bosques fueron reemplazadas por cultivos y campos de pastoreo. Ese proceso se volvió exponencial debido a la irrupción de la soja. Miles de hectáreas de árboles en el norte, en la selva misionera y en el Chaco fueron reemplazadas por campos de siembra. Así lo consigna Alejandro Brown, el presidente de ProYungas, en un informe dado a conocer por esa fundación.

La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331) fue impulsada en 2007 como consecuencia de ese proceso masivo de transformación. Proceso que no tenía un horizonte de planificación -observa Brown-, sino que dependía de las apetencias de cada productor.

En este nuevo contexto legal, cada provincia (que es dueña constitucional de los recursos naturales de su territorio) debió realizar un mapa para determinar qué bosques deben protegerse, qué bosques pueden ser manejados sustentablemente y qué bosques podrían sacrificarse en pos del desarrollo agro-ganadero. La normativa indica que ese mapa tiene que ser actualizado cada cinco años.

En Tucumán, la actualización de la ley provincial 8.304 se encuentra vencida. Por ello, la subdirección de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia inició, en agosto pasado, un proceso de consulta ciudadana y participativa. ¿Por qué debe actualizarse la normativa cada cinco años? Se supone que, a medida que pasa el tiempo, mejora la calidad de las imágenes satelitales, se mueven los ríos o se mueven las fronteras agrícolas. También pueden haber reclamos de sectores interesados en habilitar áreas de producción.

La superficie de bosque y la proporción que incluyen en cada categoría (roja, amarilla o verde) define la cantidad de fondos que la Nación les envía a las provincias para que implementen políticas activas.

“Ahora bien, este ordenamiento territorial es un horizonte de planificación. Cada provincia debe cruzarlo con otros objetivos importantes, como el desarrollo de la infraestructura vial y energética o la expansión de las fronteras agrícola y ganadera. Pero muchas veces, estos últimos usos no responden a miradas estratégicas, sino a presiones de intereses poderosos”, dice Brown.

Poblaciones indígenas

Otra ley que juega en este terreno es la del Reconocimiento de los Derechos preexistentes de Comunidades Aborígenes a tener su propio territorio (26.160). En septiembre pasado, en vísperas del comienzo de la Cumbre Mundial de Acción por el Clima, 34 dirigentes regionales de los cinco continentes oyeron los resultados de un estudio que indica que los territorios que habitan los pueblos nativos sufren entre dos y tres veces menos deforestación que aquellos que están en otras manos.

“Las comunidades locales han probado ser buenas para los bosques; son las mejores guardianas. Asegurar los derechos indígenas es una forma barata y efectiva de conservarlos”, se ha escuchado decir en esa cumbre a Charlotte Streck, de Climate Focus. “Pero en lugar de proteger a esos pueblos, la tendencia es la contraria: son perseguidos, criminalizados y asesinados”, planteó Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas. “Los grupos indígenas son una garantía de perdurabilidad para los bosques, por sus prácticas ecológicas”, coincide el tucumano Fernando Korstanje, consultor de la subdirección de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia y ex comunicador rural de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (FAO).

Pero los derechos de los indígenas se superponen, muchas veces, con terrenos fiscales y también con propiedades privadas legalmente adquiridas. Como si eso fuera poco, al combo se suman las familias criollas que están asentadas en las tierras, en gran medida sin títulos pero con reclamos de derechos adquiridos. “En este contexto, tomar decisiones no es fácil”, explica Brown. Desde su perspectiva, es necesario mejorar la superficie protegida; completar la entrega de tierras a las comunidades rurales; permitirles a los privados que se desarrollen adecuadamente y disponer de recursos económicos para acciones de conservación.