“Es imperioso tener mayor transparencia y una ley de acceso a la información pública”

Tucumán es una de las pocas provincias del país que no cuenta con una ley de acceso a la información pública. Esto significa que muchísimos datos relacionados con las entidades del Estado no pueden conocerse. Incluso la Corte emitió un fallo contrario cuando se solicitó conocer por ejemplo el número de empleados que tiene la Legislatura. Es imposible conocer esa información. Y ese fue el tema que abarcó el primer panel del II Encuentro de Empresarios del Norte Argentina que organiza la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), que está desarrollándose en el hotel Sheraton.

Del panel participaron Ezequiel Nino, abogado, co-fundador y co-director Ejecutivo de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Mónica Delgado, especialista en Control Interno – Prevención de Fraudes, socia de “instituto Santa Barbara”, directora de Unidad de Auditoría Interna(UAI) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), y Agustín Acuña, abogado, magister en Administración y Dirección de Empresas. diplomado en Protección Internacional de los Derechos Humanos, Defensor Oficial en lo Civil y del Trabajo del Poder Judicial de Tucumán, con la moderación de Federico Van Mameren, Secretario y jefe de Redacción de LA GACETA.

Nino comenzó diciendo que vivimos en una época en la que el desánimo parece embargar a los argentinos, con un sentimiento de frustración constante, pero que hay personas que quieren cambiar las cosas y que para eso es necesario una democracia participativa. “Hoy tenemos una democracia representativa, pero la Constitución tiene formas de participación ciudadana que no se están cumpliendo”. 

“Vemos casos de rendiciones de cuenta, pero muy ligeramente. Pero esa rendición de cuentas depende de la ciudadanía, de la actitud de los ciudadanos frente al Estado. Nuestros representantes están pensando más en perpetuarse en el poder, en cómo ganar las elecciones y cómo mantenerse ahí, que en tratar de resolver los problema de la gente y de quienes más lo necesitan”, alertó. 

Y desde esa base advirtió que la ciudadanía debe involucrarse, y para eso la transparencia y el acceso a la información pública es una herramienta con mucho potencial. “Hoy alguien puede exigir una rendición de cuentas a un funcionario público con un trámite online. Hay que usar esas herramientas”, dijo. 

Y luego recordó un caso paradigmático: “en la pandemia hubo escándalos vinculados a la transgresión de la cuarentena de parte del gobierno, como personas que entraban a la Quinta de Olivos. Y todo esto quedó expuesto con un simple pedido de acceso a la información, que buscaba saber quiénes habían entrado al lugar donde vive el presidente. Eso lo logró el ciudadano involucrándose. Y así vimos que había personas como paseadores de perros, o estilistas que no respetaban la cuarentena con aval del Gobierno. Este ejemplo muestra ese poder. Un ciudadano que puede preguntarle al Estado desde temas muy amplios a cosas puntuales”. 

Nino recordó que en Tucumán hay distintos sectores que están trabajando para que se reglamente una ley de acceso a la información pública. “Hoy Tucumán no la tiene, y hay que tratar de cambiar el paradigma de que el Estado hace lo que quiere. Estas ideas son muy valorables. El acceso a la información pública es una herramienta de desburocratización del Estado. Esto se puede aplicar al día a día, y eso es muy importante”, cerró.

A su turno. Acuña reconoció que en cuanto a transparencia, en Tucumán estamos a años luz de lograrla, pero remarcó que, viendo el vaso medio lleno, aún tenemos todo por hacer. 

“Tenemos oasis informativos, determinados recursos que están disponibles para acceder a datos o información. Esos oasis -graficó- no son como los de la películas. Las palmeras están chamuscadas y el agua turbia, pero existen”. Y además de dar el dato de que hay 19 proyectos de ley de Información Pública, incluídos tres que son de propio oficialismo, se pueden conocer datos publicados por ejemplo en la página de la Corte Suprema de Justicia, en la del Consejo Asesor de la Magistratura, del Boletín Oficial, del Tribunal de Cuentas y “hasta de la Legislatura que en su página oficial tiene todos los proyectos de ley cargados”. 

“Con esto se pueden contestar algunas preguntas. Ahora, ese es el vaso medio lleno. Del lado del vaso medio vacío tenemos que decir que la información no siempre es completa y que hasta hay algunos problemas para acceder, a los que llamo obstáculos, como por  ejemplo la dificultad de que hay muchas cosas en formato PDF, con lo que es difícil buscar sin abrirlos, o los mismos buscadores, que no siempre son amigables”, afirmó Acuña. 

El abogado recordó que debieron pasar 11 años hasta que los tucumanos pudimos saber cuánto costó el edificio de la Legislatura. Y dio el dato: $ 125 millones de pesos en 2011. El defensor oficial consideró que “necesitamos una ley de acceso a la Información Pública. Es más, deberíamos tenerla. Luego hay que sortear obstáculos: tener mayoría legislativa, que el Ejecutivo no la vete, que la reglamente, que se le de presupuesto y que se designe una persona que dé el acceso”. Pero se mostró confiado en que tarde o temprano se conseguirá. “Nada impide que las prácticas nazcan antes que las leyes. Siempre recuerdo las palabras de Ghandi: Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Espero que nosotros podamos lograrlo”, cerró.

Finalmente Delgado recordó que ella fue parte de la Mesa de Diálogo que se formó en 2020 por iniciativa del arzobispo Carlos Sánchez de la que formaron parte 13 instituciones. “Se conformaron dos equipos, uno económico y otro jurídico que justamente analizó y redactó un anteproyecto de ley de acceso a la Información Pública, con 38 artículos y uno de forma, que fueron consultados con los doctores Carmen Fontán, Luis Iriarte, Juan Carlos Veiga y Marcelo Billone”, explicó. 

“Tucumán es una de las pocas provincias, junto con La Pampa, Formosa, La Rioja y San Juan que no tiene una ley de este tipo. Nosotros hicimos este trabajo, con base a tratados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se la puso a disposición de la sociedad”, agregó. 

“Allí -agregó- estaban previstos artículos con respecto al derecho a la libre expresión, una serie de mecanismos que nos ayudarían a combatir la corrupción, a evaluar la gestión estatal y además no había necesidad de que se acredite un interés específico, o que exista afectación personal”. 

“Este trabajo prevé que uno puede contar con la información y ejercer el control democativo de la gestión de Gobierno, y así podemos cuestionar e indagar. Queríamos una ley propia, más allá de la nacional”, agregó. 

Delgado afirmó que la información pública debe ser publicitada sin necesidad de que alguien la pida. Este anteproyecto se terminó a finales de 2021, se lo presentó a la Legislatura, a cada legislador, a la gobernación, y a la Corte Suprema de Justicia. Está en poder de todas las personas que tenían la posibilidad de evaluarlo y ponerlo en marcha. Esperemos que no esté escondido en un cajón de un escritorio”, concluyó