Eugenio Semino: “Los jubilados están pagando con la vida el superávit fiscal”

“El aumento anunciado sólo responde al criterio de caja”, afirma el Defensor de la Tercera Edad.

HABERES. “La seguridad social es un derecho, no un subsidio discrecional”, indica Semino. HABERES. “La seguridad social es un derecho, no un subsidio discrecional”, indica Semino.

Desde hace tiempo, los jubilados y pensionados de la Argentina vienen reclamando vivir dignamente, en su última etapa de la vida, con una jubilación acorde a los aportes realizados a lo largo de su vida laboral activa. En la Argentina inflacionaria, este estado ideal de bienestar no es posible. Esas jubilaciones y pensiones quedan rezagadas y el poder adquisitivo de los adultos mayores cayó sustancialmente, en los últimos meses, mucho más de lo que sucedió con otras franjas de asalariados. La actualización de precios desplomó el haber previsional. Hoy se discute de cuánto será la recomposición. Como dice el Defensor de la Tercera Edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Eugenio Semino, la falta de un tratamiento integral en la cuestión previsional no hace más que confirmar “la disvalorización, por parte de los actores políticos, de lo que es el envejecimiento de las personas mayores en la Argentina”. En una entrevista concedida a LA GACETA, el también presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría, plantea que no el aumento del haber ofrecido por el Gobierno a los adultos mayores sólo responde a un criterio de caja más que a una verdadera recomposición o reconocimiento.

-¿Cómo analiza la idea de que el haber aumento con la inflación, con una suba adicional por única vez del 12,5%?

- No responde a ninguna otra cosa que, seguramente a criterio de caja. Cuando se habla del factor empalme, con la pérdida que tuvieron los jubilados en este último período, se venía discutiendo entre una recomposición de lo que fue la inflación de enero, del 20% -lo sostenía la oposición amiga al Gobierno- y un 10% como factor de empalme, propiciado por el oficialismo. No fue ni lo uno ni lo otro. Ahora aparece este decreto que será judicializado seguramente. Se da la particularidad que la ley de movilidad sigue vigente. El reajuste de marzo se hizo conforme a la ley de movilidad que ha sido desastrosa porque no se estableció como lo habíamos requerido, en diciembre de 2020, por fuera de la política, con aquella cláusula de garantía por inflación. Más allá de lo que la ley implica, para derogarla hace falta otra ley. No se puede suplir por un decreto. Quiero suponer que, si no se busca una colisión de interés con el legislativo, algún acuerdo debe existir. Busco darle racionalidad a esta decisión.

-¿Qué sería lo ideal para recomponer, en parte, lo que los jubilados perdieron en tantos años?

-Con criterio de reajuste, ninguno. Con el criterio de recomposición, tenemos que hablar de algo más serio de lo que se está haciendo. Fíjese que tenemos un 85% de jubilados y pensionados con haberes mínimos de $ 205.000. Gran parte de ellos son los que no recibieron ningún bono en tres años y medio que se entregó en forma sistémica. Al no recibirlo, quedaron en el mismo escalón que los jubilados de la mínima histórica que recibían ese pago no remunerativo que, por otra parte, es grotesco y absurdo. No se entiende en el mundo que un Estado pague una suma en negro a través de un año y medio y con dos administraciones distintas en el país. Esto se inauguró en tiempos de Sergio Massa como ministro de Economía, a mediados de 2022, pero llegó hasta diciembre de 2023 y la nueva administración ratificó esa política. Es más, hace 72 horas, en el Boletín Oficial, salió la reconfirmación del bono para el mes que viene. La verdad que es un disparate porque, inclusive, nosotros lo veníamos judicializando, planteando que ese bono debe ser parte integrante del haber. Debe ser así porque la seguridad social es un derecho, no es un subsidio discrecional por parte de los funcionarios de turno.

-¿Por qué considera que es un subsidio que el Estado otorga por la edad?

-Es así. Creo que obviamente teniendo en cuenta la definición del sistema previsional, hoy estamos viendo un programa de subsidios por la edad. Alguien que llega a los 65 años, el Estado le da algo. Y ese algo es decidido por la administración de turno sea quien fuere, por lo que se pierde el principio básico de la seguridad social: la relación del haber con el  historial laboral de la persona, la proporcionalidad y la equidad dentro de la pirámide previsional. Hoy no tenemos esa pirámide, sino una planicie, una gran meseta donde todos se mueren de hambre por igual. A todo esto, los $ 205.000, que es lo propuesto en términos de lo que hablamos por parte del decreto o la futura ley, sólo llega a cubrir un tercio de la canasta básica del jubilados que conocimos en estos días y que ronda los $ 685.000 con gastos de vivienda incluidos.

¿Cómo sobrevive una persona con una canasta valuada en esa cifra?

-La visión que tenemos los que estamos afuera de lo político, los que hacemos asistencia directa desde la Defensoría (atendemos 300 a 400 casos por día) lo mismo que en un hospital u otra dependencia es que, desde hace tiempo, hay un enorme sufrimiento del sector y hay vidas que se pierden por todo esto. No es una entelequia. Obviamente que es parte de una disvalorización de lo que es el envejecimiento de personas mayores en la Argentina por parte de los actores políticos. Lo digo en general. Lo que estamos hablando es obvio. Me siento el loco malo tratando de describir lo que es una obviedad. Con $ 200.000 mensuales es imposible vivir en la Argentina y lo vemos todos los días. Nuestra dependencia está en San Telmo, muy cerca de viejos hoteles impresentables que se convierten en pensiones y pocilgas con baño compartido donde se cobra $ 150.000. Imagínese que hasta el mes pasado iban los jubilados, pagaban esa cifra y sólo les quedaba $ 50.000 para comer y no pueden comprar medicamentos. Eso lleva a que el jubilado no consuma esos remedios en términos de dosis conforme se los prescribe el médico, sino que se administra dosis que se inventa conforme lo que pueda comprar con lo que tiene en el bolsillo, que es poco. Es un grado de locura no observado. Está invisibilizados, no solo los jubilados, sino aquellas personas con alguna discapacidad que cobran pensiones que son el 70% de la mínima, hoy de $ 100.000. Entonces, no puede funcionar una sociedad que le da cada vez menos a los que más necesitan. Y que por otra parte esa plata se usa para superávit fiscal entre enero y febrero. El 56% de esa plata la pusieron los jubilados que se mueren de hambre.

-¿En cualquier parte del mundo trabaja 35 a 40 años, llega a jubilarse y dice que quiere disfrutar la última etapa de la vida. Y aquí no se da?

-No se da; en términos de individuo es como un castigo.  Parece como que aquí se le aplica una suerte de rifle sanitario a los 65 años a esa persona que la biología le ofrece 20 o 25 años más de vida plena, siempre y cuando pueda comer lo necesario y vivir en una casa acorde. Y posiblemente disfrutar y distraerse. Comprar regalos a los nietos, comer la fruta que le gusta, cosas mínimas, Cómo comprar hoy, por ejemplo, un yogur hiposódico de 190 gramos está en $ 1.800. El reajuste que se plantea hacer con el IPC y esta historia no llega a $ 6.000 por mes. ¿Cómo pagar $ 2.500 un café? Aun de lo nimio, al jubilado se lo priva. Todas esas prohibiciones y negaciones se convierten en enfermedad. Los medicamentos aumentaron. Para que se tenga noción de lo que describo, aquellas jubilaciones y pensiones que accedían al bono aumentaron en el año un 140%. Los 2,5 millones restantes de haberes sin bonos subieron el 110%, con una inflación en ese período del 211%. A su vez, los medicamentos se dispararon un 300% con precios regulados supuestamente. En lo que va de este año, esos medicamentos subieron el 113% hasta hoy. Estamos en un gran disparate y seguimos hablando de cómo reajustar los haberes jubilatorios con la ley de movilidad que sólo existe en Argentina. Le digo citando a Uganda, Alemania o Uruguay, donde las jubilaciones se reajustan en general anualmente o semestralmente por inflación. Son países que tiene 4, 5 o 10% de inflación, que es lo que tenemos al mediodía nosotros.

-Uno mira las cuentas públicas y se pregunta: ¿cómo se llega al superávit?

-Los jubilados están pagando con la vida. Porque hay que agregar que hay un sistema de salud que no da prestaciones en tiempo y en forma desde hace ratos. Tengo intervenciones quirúrgicas suspendidas. Reemplazo de válvulas coronarias hace seis meses. Prótesis de caderas hace un año. Audífonos hace un año y medio. Por eso con toda responsabilidad nosotros lo que hemos definido, desde hace varios meses, como crisis humanitaria. El tratamiento que debiera dar el Congreso es ver cómo recomponer y esto es discutir cómo se financia la seguridad social y de esto no se habla. Hay que tener en cuenta que en esta crisis que estamos hablando también ingresan 930.000 jubilados por año. La moratoria estará vigente hasta 2025. Lo que se paga es una miseria. Entonces, ¿cómo se sostiene con un millón más de beneficiarios por año? El sistema previsional tiene alrededor de 7,7 millones entre jubilados y pensionados.

-¿Plantear una emergencia, por ejemplo?

-Absolutamente. Hay que ver cómo aplicar esto, arrancando con los que están peor, que son unos 6 millones o 6,5 millones, que cobran la mínima. Hay una cantidad que no tiene otra red de contención ni social ni familiar, por lo que son los que se mueren, e insisto en que esto no es una entelequia. Debiera cruzarse los padrones de PAMI y Anses, de los municipios y de los gobiernos provinciales y detectar ese sector, que se calcula entre un millón y dos millones de personas y dar una ayuda inmediata especial. Es como acudir a donde pasó un terremoto. En una catástrofe, al llegar al lugar que ocurrió, se genera un comité de crisis y un shockroom para ver a quiénes se salva primero. A los que están bajo los escombros y así consecutivamente en círculos concéntricos, los distintos sectores afectados. Eso es una estrategia de emergencia que aquí no se piensa, ni se supone.

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