Tucumán, la tierra de las oportunidades perdidas

Otro año se fue sin que Tucumán avanzara en un rediseño institucional para salir del mamarracho electoral del que, ya sin excepción, todos los actores se quejan. El problema no es sólo el tiempo perdido, sino que los ejemplos de otras provincias desnudan que los argumentos usados para no cambiar nada son vacíos.

En marzo, al abrir el período de sesiones ordinarias de la Legislatura, el gobernador Osvaldo Jaldo se autoimpuso como meta una reforma política profunda. “He tomado la decisión de convocar a las fuerzas políticas representadas en esta Legislatura a fines de debatir la modificación del régimen electoral de la provincia. El voto popular conforma una de las bases del sistema democrático de gobierno. Tengo la certeza de que, entre todos, podremos encontrar una fórmula adecuada para que la elección de representantes exprese y garantice las preferencias del voto popular”, dijo en su discurso. Luego, ante la prensa, fue más explícito: “Queremos sacar la mejor Ley Electoral que refleje el resultado de la voluntad popular en las elecciones de 2027”.

A partir de entonces, los principales referentes políticos exhibieron conductas bipolares. Jaldo se floreó en una primera instancia siendo el peronista que hablaba de eliminar los acoples, e incluso puso sobre la mesa el debate sobre la reforma de la Constitución provincial. “Podemos hablar de una reforma electoral, del acceso a la información pública, del equilibrio fiscal, pero también podemos hablar de la reforma de la Constitución. Porque algunos dicen que quieren sacar los acoples pero no quieren modificar la Constitución”, desafió en julio. Y agregó: “La Constitución provincial está diezmada. Muchos cuestionan que fue hecha a medida de determinados partidos o personas. Propongo ir a fondo a quienes hoy tenemos un cargo institucional de los poderes Ejecutivo y Legislativo. También invitamos al Poder Judicial ir hacia esa reforma”, planteó.

La sorpresa

Habían pasado ya varios meses de cruces verbales entre oficialistas y opositores, pero no se había logrado ningún avance concreto. Jaldo, no obstante, redobló la apuesta. Lo que nunca imaginó es que la sorpresa llegaría por el lado de la Legislatura. El vicegobernador, Miguel Acevedo, que se había enterado de las ansias reformistas de su compañero de fórmula estando fuera del país, recogió el guante y le devolvió gentilezas de idéntica manera. Con “El Comisario” de licencia en el invierno tucumano, activó el proceso reformista. Exhibiendo sus conocimientos circenses, hizo malabares para celebrar lo propuesto por Jaldo pero a la vez sentar su postura y exteriorizar su molestia. “Pasar de un extremo a otro no es positivo; me parece que tenemos que ir a un acotamiento de acoples”, manifestó el ex ministro del Interior, estando a cargo del Poder Ejecutivo.

Además de esta diferencia, ambos también expresaron distintos puntos de vista en lo que se refiere a cuál sería el momento ideal para llevar a cabo una eventual elección de convencionales constituyentes. El titular del Poder Ejecutivo había expresado que la selección podría realizarse en simultáneo con los comicios nacionales de 2025. Por el contrario, Acevedo manifestó que sería conveniente buscar otro momento para evitar confusiones en el electorado. También hubo distintas miradas respecto si se debería quitar la posibilidad de ser reelecto en un cargo público o no. “Si no debe haber más reelección (de cargos públicos) ni sistema de acoples lo vamos a hacer a través de una reforma de la Constitución. Aunque yo no pueda ser reelecto”, había dicho Jaldo. Acevedo, en tanto, se había mostrado partidario del sistema actual, con la posibilidad de una reelección. “Considero que cuatro años son pocos y ocho son suficientes”, había indicado.

Las chispas de mitad de año en la cúspide del poder tucumano, indudablemente, frenaron el entusiasmo reformista. Al punto que prácticamente se dejó de hablar del asunto. “Que se quede tranquilo Jaldo”, llegó a decir Acevedo, dando por sentado que los cambios que se puedan efectuar en la Carta Magna serán producto del debate y del consenso. Un par de meses después, el presidente de la Cámara avanzó, unilateralmente, con una serie de reuniones multipartidarias sobre la reforma política. Hubo una serie de encuentros entre legisladores de diferentes expresiones políticas y referentes de organizaciones sociales, lideradas por la Iglesia Católica. Incluso una exhibición sobre la experiencia salteña de Boleta Única Electrónica. Pero, nuevamente, todo de estancó con el compromiso de retomar el debate en este 2025.

Las presiones

Jaldo buscó sacarse la presión reformista de encima y, casi como al pasar, replicó la jugada política con una serie de misiles teledirigidos a la Legislatura. En cuestión de días, envió a la Cámara los proyectos de acceso a la Información Pública y de ampliación de Ficha Limpia. El segundo asunto incomodó más por la presión que ejerce la situación del legislador José Orellana. Hasta ahora, al Poder Legislativo no llegó ninguna notificación judicial y no se tomará ninguna decisión hasta que se agoten las instancias procesales. En cuanto al primer asunto, la única conclusión a la que se arribó en el edificio de Muñecas y avenida Sarmiento es que la propuesta que mandó la Casa de Gobierno será modificada. El tranqueño, por las dudas, les dio un empujón más a los parlamentarios. “Son ellos quienes podrán estudiarlo, modificarlo, mejorarlo, pero lo más importante es que hoy hemos comenzado a cumplir con nuestra promesa”, afirmó, tras presentar la iniciativa de Acceso a la Información Pública. Y respecto de Ficha Limpia, expuso: “tiene que quedar claro es cuál es la posición del Gobierno de la Provincia. Ahora, la Legislatura es quien la tiene que estudiar y analizar, y si los legisladores así la consideran tienen que sancionar para que la actual Ley de Ficha Limpia sea mucho más completa”.

Puros amagues

De tanto medirse, Jaldo y Acevedo cerraron el año sin mayores avances en materia política y electoral. El desenlace no llamaría la atención si no fuera por los ejemplos de Santa Fe y de Entre Ríos, que apretaron el acelerador en el último tramo del año. En el primer caso, el gobernador radical Maximiliano Pullaro está a un paso de reformar la Constitución, con acuerdo de un sector del peronismo. En tanto, el mandatario macrista Rogelio Frigerio consiguió con aval del justicialismo que a partir de 2027 en esa provincia se vote con Boleta Única de Papel, en consonancia con los cambios nacionales.

El debate santafesino es interesante y presenta algunas similitudes con la discusión tucumana. En primer lugar, porque Pullaro consiguió lo que ninguno de sus antecesores, desde 1983 a la fecha, había logrado. Y segundo, por los temas a abordar: la ley que declara la necesidad de la reforma habilita a discutir si es necesaria la posibilidad de reelección del gobernador y en especial la del actual binomio; la limitación de mandatos legislativos en una provincia donde hay senadores que van por su octavo mandato y hasta definir los alcances de la autonomía municipal. También, porque la discusión reformista abrió una interna en el peronismo santafesino respecto de estrategias electorales y de posicionamientos. Sin PASO para elegir convencionales constituyentes, el PJ se partió y hasta hubo coletazos a nivel nacional porque hay referentes pejotistas de peso, como Omar Perotti, Agustín Rossi y Germán Martínez, que preside el bloque de Unión por la Patria en Diputados. De hecho, Martínez perdió un diputado tras la crisis de esa provincia: se fue de la bancada Roberto Mirabella, un aliado del ex gobernador Perotti, quien apoyó la modificación de la Carta Magna local propuesta por Pullaro. La decisión no tuvo respaldo del kirchnerista Rossi, jefe político de Martínez. Hay quienes anticipan que, en febrero, el bloque de UxP podría sufrir más bajas en el Congreso, justo en los inicios de un año clave en materia electoral.

¿Ficha Limpia?

Mientras eso acontece en otras provincias, en Tucumán el debate por la reforma política asoma y se diluye según los estados de ánimo del momento. Lo acontecido con Ficha Limpia es otra muestra: con menos estridencias, ya hay ocho distritos con normas que vetan a los candidatos condenados: Chubut, Mendoza, Salta, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Río Negro y esta última semana se sumó Córdoba.

Por lo pronto, Jaldo y Acevedo coinciden en un par de cuestiones: la idea de modificar la judicializada Constitución perdió fuerza –básicamente por falta de acuerdo-; y en 2025 difícilmente pueda abordarse la política a modificar las reglas de juego electorales. Sencillamente, porque la cabeza estará puesta en los comicios de renovación del Congreso (Tucumán elegirá cuatro diputados) y en una eventual interna dentro del peronismo local. Así, la última chance es que el asunto se retome en 2026, justo un año antes de la cita en la que Jaldo podría buscar su reelección y toda la dirigencia oficialista, ya acostumbrada a los atajos del acople, pondrá en juego su pellejo.