Javier Milei toma la posta política con la apertura del Congreso

Son siete los proyectos que incluye el temario diseñado por el Gobierno: sobresalen la eliminación de las PASO, Ficha Limpia y los pliegos de Lijo y de García Mansilla.

HASTA FINES DE FEBRERO. Ambas cámaras del Congreso tienen 25 días hábiles para abordar un temario de alto voltaje político e institucional HASTA FINES DE FEBRERO. Ambas cámaras del Congreso tienen 25 días hábiles para abordar un temario de alto voltaje político e institucional

Formalmente, el Congreso de la Nación se debería abocar desde hoy a evaluar un paquete de siete proyectos que el Poder Ejecutivo Nacional fijó como prioritarios. Entre los que sobresalen la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la cobertura de vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la aplicación de la ley de Ficha Limpia, que impediría a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ser candidata este año.

El período de sesiones extraordinarias, que abarca 25 días hábiles, impone un cronograma ajustado para el tratamiento de los proyectos. Se espera que cada proyecto sea debatido una sola vez en cada recinto. Por ejemplo, en el caso de la eliminación de las PASO, el proyecto debe ser aprobado primero en Diputados antes de ser girado al Senado. En la Cámara Alta, se requiere un plazo mínimo de siete días entre la aprobación en comisión y el debate en el recinto, lo que implica que los senadores necesitarán al menos 15 días para tratar este proyecto en el hemiciclo.

Con esta convocatoria, el Ejecutivo Nacional busca avanzar en una agenda legislativa que incluye temas clave en materia judicial, electoral y de seguridad. No obstante, solo dos de los siete asuntos por los que el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias del Congreso tienen un camino corto para su aprobación: la  denominada ley antimafia, que cuenta con media sanción en Diputados; y el tratamiento de los dos pliegos para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia, cuyo tratamiento solo depende del Senado. El resto deberá pasar por el camino de la negociación en ambas cámaras para ser sancionados.

De los tres asuntos que comenzarán su periplo parlamentarios por Diputados, dos tienen dictamen. Esto allana el tratamiento en el recinto en un plazo más breve. La iniciativa vinculada con reincidencia y reiterancia busca terminar con “la puerta giratoria” en las comisarías para los presos. Lo propio sucede con otra propuesta para modificar el artículo 104 del Código Penal para regular el derecho de defensa de los imputados. La restante iniciativa es la modificación al sistema electoral para derogar la PASO, el que deberá ser analizado por tres grupos de trabajo distintos: Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda.


Ley antimafias: una iniciativa de Patricia Bullrich aumenta penas por narcotráfico


El primer proyecto en la lista es el conocido como “ley antimafias”, patrocinado por la titular de la cartera de Seguridad, Patricia Bullrich. Este ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y su tratamiento en el Senado nunca pudo avanzar ni en comisiones. En esencia, plantea aumentar las penas de quienes integren organizaciones delictivas asociadas al narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, entre otros delitos. Uno de los puntos más controversiales es que la pena máxima, de ocho a 20 años de prisión, se le aplique también a quienes conformen la organización, aunque no estén involucrados directamente con el hecho. Este proyecto ya cuenta con dictamen desde el 13 de noviembre de 2024 por parte de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado.

Juicio en Ausencia: con el foco puesto en lo que ocurrió con la causa Amia

Por su parte, el proyecto de ley de Juicio en Ausencia consiste en la habilitación de enjuiciamiento a los imputados por delitos de genocidio, lesa humanidad, desaparición forzosa, tortura y terrorismo, aunque éstos no estén presentes. De esta manera, se pone sobre la mesa principalmente a los acusados prófugos por el atentado a la sede de la AMIA -la normativa actual no permite culminar el proceso si el imputado está ausente-. Dentro de los requisitos que esboza el proyecto se encuentran: que el imputado debe ser declarado “rebelde” -que, conociendo la existencia del proceso en su contra, no se presentare, respondiere, acatare o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial-, que “se hubieren hecho intentos razonables por tenerlo a derecho” durante cuatro meses o desde el dictado de una orden de captura, o que el país extranjero niegue o no de respuesta al requerimiento de extradición formulado por la Argentina. Este proyecto, que ingresó como mensaje 45/24, ya cuenta con dictamen desde el 19 de noviembre de 2024 por parte de la Comisión de Asuntos Penales y Justicia de la Cámara de Diputados.

Ley de reiterancia: la intención es reducir el riesgo de fuga de los imputados

Otro proyecto que modificaría el Código Procesal Penal es el de Ley de Reiterancia, que tiene el objetivo de reducir el riesgo de fuga de un imputado. También impulsado por la ministra Bullrich, el proyecto establece que si un procesado comete un nuevo delito, va preso. “Las medidas restrictivas de la libertad solo podrán fundarse en la existencia de peligro real de fuga, de obstaculización de la investigación o de reiterancia delictiva, consistente en la imputación en una causa penal en forma coexistente con otro u otros procesos en los que la misma persona hubiera sido imputada”, formula el proyecto. Identificado como mensaje 18/24, está listo para ser debatido en el recinto de la Cámara de Diputados desde el 25 de septiembre de 2024.

Reforma electoral: la eliminación de las paso y el financiamiento de la política

La prioridad del Gobierno es aprobar el proyecto de reforma política denominado “Reforma para el Fortalecimiento Electoral”, contrarreloj contra los plazos electorales del 2025. Como plato fuerte propone eliminar las PASO, algo que no asoma futuro sin el apoyo del kirchnerismo, puesto que necesitan de la mayoría absoluta del total de los miembros de ambas Cámaras para sancionarlo. El “plan B” del Ejecutivo es avanzar hacia la suspensión, pero no cederá sin dar batalla por la eliminación, que implicaría un ahorro de “150 millones de dólares”, según Francos. El PJ tiene los intereses alineados con los libertarios en este sentido porque les permitiría ordenar a dedo las candidaturas. El proyecto del oficialismo también incluye un apartado dedicado a modificar el financiamiento de los partidos políticos, algo que incluso los libertarios del Congreso reconocen que será un obstáculo en el procedimiento legislativo, aunque en Casa Rosada lo ven como una carta fuerte de negociación. Este proyecto ingresó a la Cámara de Diputados el 21 de noviembre de 2024 y debe ser debatido en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda antes de llegar al recinto.

Ficha limpia: la iniciativa que pondría en jaque la postulación de Cristina Kirchner

Luego de que los diputados libertarios hayan sido acusados de haber hecho un pacto con los K para boicotear el proyecto de Ficha Limpia que lideró el PRO a fin del año legislativo 2024, ahora el Gobierno retrucó con una propuesta propia y “perfeccionada”. La iniciativa consiste en evitar que las personas condenadas en seguna instancia por delitos de corrupción puedan postularse en elecciones. El debate principal giró entorno a los delitos que debían ser contemplados. El proyecto de la diputada amarilla, Silvia Lospennato, finalmente fijó el límite en una segunda instancia. El Gobierno criticó el proyecto del PRO y se comprometió a esbozar uno nuevo, lo que finalmente ocurrió en la noche del viernes. El texto enviado fija que no podrán ser candidatos o funcionarios quienes hayan sido condenados por “los delitos previstos en los Capítulos VI - Cohecho y tráfico de influencias, VII”. Eso incluye delitos de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y encubrimiento. oble instancia de condena para evitar una candidatura antes del año electoral. “Solo se aplicará la inhabilitación si la condena por alguno de los delitos mencionados fue confirmada en segunda instancia dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral”, indica el texto. También queda fuera si “se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta”. Si la segunda instancia de condena se da “luego del 1º de enero del año en que se llevaran a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral”. Es decir, que podrá participar de la elección.

Régimen de  Quebrantos

Como novedad, en la lista de proyectos que faltan remitir al Congreso incluye uno denominado “Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos”. La legislación actual no permite la actualización por inflación de los quebrantos impositivos, algo que la Dirección Nacional de Impuestos del ministerio de Economía que comanda Luis Caputo ratificó en un dictamen en diciembre del 2024.

Corte Suprema

Por último, el Senado deberá tratar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, los magistrados que seleccionó el Gobierno de Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia. Es otro de los puntos del menú más urgentes, dado que el Supremo a partir de este 2025 está funcionando con solo tres miembros, tras la jubilación de Maqueda. La postura del Gobierno, durante todo el año pasado, fue inamovible sobre que se aprueben los dos candidatos o ninguno. Ante los desacuerdos por Mansilla, ahora evalúan ser más flexibles: “Vamos a tratar de avanzar con extraordinarias para que ingresen ambos, veremos qué pasa. Y si no conseguimos a ambos… tendremos que mandar a GM por decreto”, le confió a BAE Negocios uno de los funcionarios que trabajan la estrategia judicial. Necesitan los dos tercios del Senado para poder aprobarlos.


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