15 Febrero 2025
CORREDORES VIALES. El mantenimiento de caminos y el cobro de peajes pasará a ser administrado por empresas privadas.
La ola privatizadora libertaria no se detiene. Tras anunciar el desprendimiento del manejo estatal en el servicio ferroviario Belgrano Cargas, la gestión del presidente Javier Milei anunció ayer que ahora le toca el turno a otra firma del Estado: Corredores Viales SA. Este proceso será bajo la modalidad de concesión de obra pública y gestión del tránsito de rutas y autopistas por peaje, según explicó Manuel Adorni, vocero presidencial. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de ejecutar los procedimientos de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública. También, de la disolución y posterior liquidación de los corredores viales una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas. Anticipó que el proceso licitatorio será internacional.
El vocero detalló que la pérdida de la empresa era financiada con fondos del Tesoro Nacional hasta diciembre pasado. Sin embargo, la gestión de Milei eliminó esos giros y se aplicaron aumentos tarifarios para cubrir ese bache. De todas formas, el portavoz oficial señaló que la firma no cumplió con los estándares mínimos de operación y mantenimiento. “Las empresas que finalmente sean concesionarias van a cobrar la tarifa de adjudicación recién una vez que hayan puesto la totalidad de la ruta en condiciones. De esta manera, se estima que el Estado tendrá un ahorro de U$S 5.600 millones”, continuó.
En la habitual conferencia de prensa que ofrece en Casa Rosada, Adorni expuso que “el sector privado va a encontrar mejores mecanismos para la subcontratación de las obras sin las restricciones que significaba la Ley de Obra Pública. Más competencia en el mercado va a implicar mejores precios”, afirmó el vocero del jefe de Estado, que, además, recordó que la compañía “registró un resultado económico negativo en 2023, con una deuda con proveedores de $ 142.000 millones y pérdidas acumuladas por $ 268.000 millones”.
Actualmente, Corredores Viales cuenta con 3.565 trabajadores contratados en blanco y administra 8.470 kilómetros que atraviesan Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes, Misiones, San Luis, La Pampa, Santiago del Estero y Tucumán. En el caso de la provincia, abarca la ruta 9. Según el Gobierno, el 45% de la totalidad de la traza que operaba Corredores Viales estaba en un estado crítico, los contratos de obra estaban paralizados y el atraso tarifario era de un 45% con relación a la tarifa técnica.
Se trata de la empresa pública que tiene a cargo sectores de las rutas 3, 5, 7, 8 y 9, entre otras. También controla las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas.
En la Casa Rosada reafirmaron que los interesados, a cambio de obras se quedarán con el cobro de los peajes.
Adorni resaltó que a partir de ahora, y tal como ordenó el Presidente Javier Milei, “el Estado deja su rol de administrador y constructor vial para asumir funciones de promotor y supervisor de la actividad que desarrolla el sector privado. La patria contratista, donde subían los peajes mientras las rutas se caían a pedazos, terminó”.
Además, informó que por primera vez Aerolíneas Argentinas SA no va a solicitar ayuda financiera del Tesoro Nacional para el primer trimestre de 2025, un “hecho histórico” que se registra después de “17 años de tener una pérdida operativa anual promedio de U$S 400 millones”, además de “una pérdida acumulada de U$S 6.410 millones que pagamos entre todos los argentinos”. “Sanear las cuentas de toda empresa pública deficitaria es un paso indispensable para su irremediable privatización”, acotó.
Inscripción de 0 KM
Por otra parte, el Vocero Presidencial informó que el Ministerio de Justicia bajó 60% el costo de inscripción de los vehículos 0 KM desde diciembre de 2023, lo que representa un ahorro total anual de U$S 132 millones. “Es tal el compromiso de este Gobierno con la baja de impuestos, que en este rubro ya se eliminó el pago del título automotor, de la cédula verde y de la cédula azul, que ahora son digitales, las dos firmas certificadas y los formularios 01, 12, 13 y 59”.
“El lunes se va a publicar el decreto que implementa la iniciativa Burocracia Cero. Se va a instruir a todas las jurisdicciones y entidades del sector público a realizar, por el plazo de 30 días, un relevamiento normativo de leyes y decretos para identificar aquellas regulaciones que obstaculicen la actividad económica y la libre competencia”.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado será la autoridad de aplicación y tendrá la facultad de dictar las normas aclaratorias necesarias para garantizar la correcta implementación del decreto. Con esta iniciativa, el Gobierno refuerza su compromiso con la modernización del Estado, promoviendo mayor certeza jurídica y un marco regulatorio más claro y eficiente para el desarrollo económico del país.
El titular de esa área del Poder Ejecutivo Federico Sturzenegger afirmó que “la Motosierra 2.0 es la aceleración del reordenamiento administrativo del Estado, pero llegó el momento de la Desregulación 2.0, es decir, de la profundización del proceso de desregulación”. “La Argentina, a grosso modo, tiene 27.000 leyes, 70.000 decretos y unas 200.000 resoluciones. El digesto jurídico recopiló 4.600 leyes, pero el estatus jurídico del resto es incierto”. Un ejercicio de limpiar los decretos (designaciones y las que ya cumplieron su plazo) lograría reducir el número a unos 4.500”, explicó Sturzenegger.
El sistema en la zona norte
- Corredores Viales opera 10 tramos en gran parte de la Argentina, con una longitud de casi 800 kilómetros.
- Sobre la ruta 34 hay dos zonas de concesión: la primera va desde el límite entre Santa Fe y Santiago del Estero hasta La Banda.
- El segundo corresponde al empalme con la ruta 9 en El Torzalito (Salta) hasta el acceso a San Pedro (Jujuy).
- Sobre la ruta 9 también hay dos zonas. Una va desde el empalme de la ruta 64 en Santiago del Estero hasta San Miguel de Tucumán. El otro desde la capital tucumana hasta El Torzalito, en la provincia de Salta (ruta 34).
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