19 Septiembre 2016
El juez federal N° 2 de Tucumán, Fernando Luis Poviña, y el vocal de la Cámara Federal de Apelaciones,Ricardo Sanjuán, se encuentran reunidos en la Legislatura con los miembros de las comisiones de Asuntos Constitucionales; Seguridad y Justicia; y Adicciones. Los funcionarios judiciales participan de una reunión en la Cámara para analizar los alcances de la Emergencia en Seguridad.
Poviña y Sanjuán fueron recibidos por el presidente subrogante de la Legislatura, Julio Silman. Del encuentro también participa el vicegobernador y titular de la Cámara, Osvaldo Jaldo, en carácter de asistente. Jaldo está a cargo del poder Ejecutivo porque el gobernador, Juan Manzur, se encuentra en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
El viernes, antes de viajar, se produjo un cruce de mensajes entre Manzur y Jaldo a raíz de la declaración de la Emergencia. Ambos funcionarios anunciaron casi en paralelo medidas similares: Jaldo, el tratamiento de la adhesión al decreto del Poder Ejecutivo Nacional y Manzur, un decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Ese mismo día por la tarde, en labor parlamentaria las autoridades de la Cámara y los presidentes de todos los bloques políticos acordaron que tratarán la adhesión de la provincia al decreto presidencial que declara la emergencia en seguridad pública. Y definieron una sesión para el jueves en la que solo se tratará este tema. Se prevé el análisis de cinco proyectos de ley (elevados desde diferentes bancadas políticas) y del decreto de necesidad y urgencia (DNU) dictado por el jefe del PE y su gabinete.
El jueves, el juez federal Poviña había dicho que si no se le ponía un freno al narcotráfico, Tucumán terminaría siendo como Rosario.
Por su parte, Sanjuán fue tajante y manifestó que en la provincia sucedía lo mismo que en la Nación, “no hay una política de Estado”. Y explicó que esto no significaba el avance del narcotráfico, sino “el retroceso del Estado”.
La emergencia que propone el Ejecutivo provincial tendrá un alcance de un año y permitirá que el Gobierno suscriba convenios y protocolos con fuerzas de seguridad nacionales que sean necesarias y adquirir bienes y servicios para cumplir los objetivos.
La declaración de Emergencia de Seguridad Pública decretada por el PEN propone revertir el peligro colectivo generado por el delito complejo y el crimen organizado. Operativos de fronteras, fortalecimiento del control de Puertos, Hidrovías y Mar Argentino. Reglas de Protección Aeroespacial y creación del gabinete de Seguridad Humana.
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