Lujo, droga y frontera: la caída de la banda narco que involucraba a una reina de belleza salteña

Las rutas del narcotráfico en el norte salteño son caminos de polvo y silencio, senderos que cruzan la frontera sin llamar la atención. Desde Aguas Blancas, un poblado de calles angostas y calor sofocante, la droga comienza su viaje clandestino. A simple vista, los movimientos en los puestos de frutas, verduras y todo tipo de mercadería parecen rutinarios, pero entre las cajas de bananas y bolsas de azúcar, los paquetes con droga encuentran su escondite perfecto.

La droga cruza en bolsas ocultas entre la carga de camiones, en vehículos acondicionados con compartimentos secretos o incluso adherida al cuerpo de los “mulas”.

El río Bermejo es testigo mudo de las operaciones nocturnas. Chalanas y gomones cruzan cargados hacia el lado argentino, donde los estibadores los esperan con rapidez ensayada. De allí, la carga se divide en vehículos que tomarán distintos caminos hacia el centro del país.

El pasado miércoles, una organización detrás de este negocio había perfeccionado su logística, pero la última entrega no llegó a destino. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevaba meses siguiéndoles el rastro y terminó desbaratando la banda con un operativo certero.

La investigación penal llevada adelante por la Fiscalía Federal de Salta comenzó en noviembre de 2024. Luego de meses de logística, culminó con la imputación de cinco personas acusadas de integrar una organización dedicada al tráfico de marihuana entre Aguas Blancas y la capital provincial. Durante el operativo, se secuestraron 15 kilos de droga y se logró la detención de los sospechosos.

La jueza federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, formalizó la imputación contra Gustavo Joaquín Tolaba, su pareja Martina Oliva -conocida por su participación en certámenes de belleza-, Ángela Carolina Cuenca y Juan Alberto Romero, por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. Asimismo, José Burgos fue imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. A pedido del fiscal general Eduardo Villalba se dispuso la prisión preventiva de todos los acusados mientras avanza la investigación, con un plazo de seis meses.

Operativo y persecución

Las detenciones se concretaron tras un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la madrugada del pasado miércoles. Tolaba, quien conducía una camioneta Toyota Hilux en compañía de Oliva y Cuenca, fue interceptado en el peaje Aunor sobre la ruta nacional N°9. Sin embargo, un Citröen C3 que viajaba a unos 500 metros detrás, conducido por Romero, giró en U al detectar el control y emprendió la fuga a alta velocidad por la ruta provincial N°112 en dirección a Jujuy.

El vehículo alcanzó velocidades superiores a los 180 km/h, poniendo en riesgo a otros conductores y a los propios ocupantes. Durante la persecución, los sospechosos intentaron deshacerse de la droga arrojándola por la ventanilla. La huida finalizó en inmediaciones de la finca San Juan de Dios, donde el auto quedó varado entre la maleza y Romero fue detenido tras intentar ocultarse en los alrededores.

En paralelo, la PSA realizó allanamientos en los domicilios de los implicados. En la vivienda de Tolaba, en Orán, se encontraron más drogas, una balanza de precisión y elementos para fraccionamiento. En la casa de Burgos, ubicada en el barrio 17 de Octubre de la capital salteña, se secuestró dinero en efectivo ($ 6 millones), presuntamente destinado al pago de los 15 kilos de marihuana.

Modus operandi

La organización desbaratada no era un grupo improvisado, sino una estructura con roles definidos, según detalló la Fiscalía.

La investigación, que comenzó a raíz de una denuncia anónima, permitió establecer que la banda adquiría marihuana en Aguas Blancas para distribuirla en la ciudad de Salta. El esquema incluía un “coche puntero”, conducido por Tolaba y Oliva en una camioneta Toyota Hilux o una Volkswagen Amarok, mientras que el cargamento de droga era transportado en un Citröen C3, un VW Polo o un VW Virtus, manejado por Romero.

Villalba explicó que el grupo evitaba los controles de Gendarmería utilizando rutas alternativas, lo que prolongaba sus viajes de ida hasta siete horas, mientras que el retorno duraba poco más de dos horas. Burgos, en tanto, era el principal receptor de la droga en Salta, y se cree que tenía un rol clave en la distribución local.

Según los investigadores, los miembros de esta organización habrían realizado este recorrido al menos 34 veces en los últimos meses.

En la audiencia de formalización, la fiscalía destacó la gravedad de los hechos, la logística utilizada y el riesgo para la salud pública. También mencionó que Burgos ya tenía una condena de cuatro años de prisión por un delito similar en 2020.

Las defensas intentaron reducir la incriminación de sus clientes, argumentando que Cuenca y Romero deberían ser considerados partícipes secundarios. Además, se solicitó la excarcelación de Oliva y Cuenca bajo arresto domiciliario, dado que ambas son madres de niños pequeños. Sin embargo, la fiscalía rechazó el pedido, señalando que las imputadas “no pensaron en sus hijos al momento de delinquir” y que los menores están al resguardo de familiares.

La jueza Giménez finalmente resolvió mantener la prisión preventiva de los cinco acusados, ante el riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. La fiscalía continuará con el análisis de los teléfonos secuestrados y el levantamiento del secreto bancario de los implicados, con el objetivo de determinar la magnitud de la red delictiva y si existen otros involucrados en la operación de narcotráfico.

Santiago Pedroza, abogado de José Burgos sindicado como el encargado de vender la marihuana, dialogó con LA GACETA y manifestó que su defendido no debería estar acusado de un delito mayor y que solicitará su excarcelación.

Pedroza detalló que la fiscalía imputó a Burgos como parte de una organización dedicada al ingreso y distribución de marihuana en la ciudad. “Se trata de una causa muy compleja con una investigación de varios meses con intervenciones telefónicas y tareas de inteligencia”, explicó el abogado.

En el caso de su defendido, el abogado aclaró que solo se le secuestraron 200 gramos de marihuana y algunos elementos personales. “La fiscalía no lo acusó de transporte de estupefacientes, sino de tenencia con fines de comercialización, argumentando que sería uno de los principales compradores de la droga que llegaba desde Orán a Salta”, señaló.

Respecto a la situación procesal de Burgos, Pedroza fue categórico: “Considero que lo único que se le puede imputar es tenencia simple, porque no hay vínculos con el transporte ni con la venta. Además, la cantidad encontrada podría ser para consumo personal, por lo que corresponde un planteo de excarcelación”.

Sobre la suma de seis millones de pesos que la fiscalía vinculó a Burgos, el abogado defendió su origen. “Intentan relacionarlo con la compra de droga, pero esa plata proviene de otras actividades, como la compra y venta de autos y una pensión. Además, la cantidad de droga de la que se habla es demasiado grande para justificar que fuera adquirida por él solo”, explicó.

Influencer involucrada

Oliva, conocida en Orán como “Martu”, representaba el éxito comercial y la belleza. Participante de certámenes de belleza, su vida parecía transcurrir entre lujos y moda. En sus redes sociales, mostraba ropa de diseñador, autos de alta gama y viajes exclusivos, pero detrás de esa imagen perfecta, ocultaba su doble vida.

A los 23 años, con dos hijas pequeñas, su destino se torció en los caminos del narcotráfico. La conexión con Tolaba y su involucramiento en la logística de la banda la alejaron del modelaje y la llevaron a una celda. Su última publicación en redes anunciaba un viaje al aeropuerto de Salta, pero el destino la llevó directo a los tribunales federales.

Según la defensa de Oliva, la joven mantenía una relación amorosa con Tolaba hace un mes. Su viaje a Salta habría sido para participar de la inauguración de un local de ropa. “Ella era engañada por Tolaba”, manifestaron, aduciendo que desconocía que el auto de atrás transportaba marihuana.

Hace 24 años, la familia Oliva abandonó Córdoba para radicarse en Orán. Martina tiene cuatro hermanos. Su familia se dedica al rubro de la carne, hace un año maneja su propia carnicería y tiene un local de ropa en Orán.

Las autoridades investigan si Oliva tenía un rol más activo en la toma de decisiones dentro de la banda o si simplemente era un eslabón en la estructura.

El norte salteño está marcado por una realidad compleja y turbulenta, donde el comercio ilegal, la pobreza extrema, el sicariato y el narcotráfico se entrelazan en un escenario de vulnerabilidad y violencia. La falta de oportunidades y el abandono estatal han convertido a esta región en un territorio propicio para el avance del crimen organizado, donde las fronteras porosas facilitan el contrabando y el tráfico de estupefacientes, mientras que la justicia y la seguridad parecen desbordadas ante el crecimiento de estas actividades ilícitas.

Aguas Blancas es una pequeña y joven localidad salteña ubicada en el departamento de Orán, en la frontera con Bolivia. Con una población estimada de entre 3.000 y 4.000 habitantes, su economía gira en torno al comercio con la ciudad boliviana de Bermejo, situada al otro lado del río Bermejo. Sin embargo, su posición estratégica la ha convertido en un punto neurálgico para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

En diálogo con LA GACETA, el interventor de Aguas Blancas, Adrian Zigarán, describió la compleja realidad del pueblo: “Todo el pueblo vive del comercio, de manera directa o indirecta. Pero en ese marco de irregularidad e ilícitos varios, Aguas Blancas es el principal lugar donde ingresa la cocaína a Argentina”. Según Zigarán, muchas personas cruzan la frontera transportando mercadería, y algunos lo hacen con drogas en cápsulas ingeridas o adosadas al cuerpo.

Las imágenes de “gomones” y “bagalleros” atravesando el río con cargas voluminosas son una postal habitual. Aunque el ingreso legal de mercadería está regulado por un arancel de 300 dólares por persona, Zigarán advierte que esta cifra rara vez se respeta y que la cantidad de productos transportados suele exceder ampliamente ese límite.

Además del narcotráfico, Aguas Blancas ha sido escenario de controversias políticas. El primer intendente electo del municipio, Sergio Gerardo Oliva, fue condenado por haber dispuesto la apertura de un paso fronterizo ilegal con el Estado Plurinacional de Bolivia. A pesar de su condena, Oliva fue electo diputado y hoy ocupa un escaño en la Legislatura salteña. Su sucesor, Rubén “Conejo” Martínez, fue destituido por la legislatura provincial tras ser vinculado a una causa de narcotráfico, otra por lavado de dinero en Santiago del Estero y el entorpecimiento de la investigación del asesinato de su propio hermano. Zigarán asumió la intervención del municipio en septiembre del año pasado, con el desafío de restablecer cierto orden en una localidad marcada por la corrupción y la ilegalidad.

Pese a su compleja situación, Aguas Blancas sigue siendo un punto clave del comercio fronterizo. Dependiendo de la fluctuación económica, los bolivianos cruzan a comprar productos en Argentina o, como ocurre actualmente, los argentinos viajan a Bolivia en busca de precios más bajos. Pero más allá de la dinámica comercial, la localidad sigue siendo un punto caliente para el ingreso de cocaína al país, lo que la mantiene bajo la constante mirada de las fuerzas de seguridad.