11 Abril 2015
A partir de la sanción hace tres años de la Ley 26.737, impulsada por el kirchnerismo para poner límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, se pudo determinar que en el país todavía quedan unas 24 millones de hectáreas que podrían ser adquiridas por capitales foráneos. El cálculo fue realizado por la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), que protestó porque muchas operaciones no pueden concretarse por la falta de una reglamentación de aquella norma.
La ley creó el Registro Nacional de Tierras Rurales y estableció que en todo el país las “tierras rurales extranjerizadas” no podían superar el 15% de la superficie nacional, además de establecer otras limitaciones al capital extranjero.
Pero luego de un intenso relevamiento catastral, la conclusión fue que el pronóstico inicial había sido demasiado pesimista, pues solamente 5,93% de las tierras rurales pertenecían a extranjeros. Así, aunque dependiendo de cada provincia, quedaba más del 9% del territorio rural en condición legal de pasar a manos de compañías o inversores de otros países.
Ese porcentaje, según los cálculos del sector inmobiliario, equivale a unas 24 millones de hectáreas.
Para tener dimensión de lo que significa, vale decir que la Argentina dispone actualmente de una superficie cercana a 30 millones de hectáreas cubiertas con bosques nativos. O que la superficie sembrada cada año con granos se aproxima a 34 millones de hectáreas. Es decir, lo que queda por ofrecer es un área enorme.
Pero, a más de tres años de la promulgación de la Ley 26.737, la CAIR recordó que “aún existen ocho provincias (Córdoba, Santa Cruz, Santiago del Estero, Corrientes, Jujuy, Salta, Catamarca y San Juan), que no han cumplimentado la presentación de sus Equivalencias ante el Consejo Interministerial”. La falta de estas reglamentaciones, según la entidad, perjudica a todo el país, que “pierde la posibilidad de recibir inversiones productivas en el sector agropecuario, perjudicando gravemente la realización de operaciones inmobiliarias rurales con extranjeros”.
A modo de ejemplo, la CAIR señaló que en Córdoba, que dispone de una superficie rural de 16 millones de hectáreas, solo el 1,04% está en mano de extranjeros. “Esto da como resultado que más de 2,2 millones de hectáreas podrían aún ser comercializadas con inversores extranjeros, beneficiando directamente a su economía provincial y consecuentemente a la nacional”.
La ley creó el Registro Nacional de Tierras Rurales y estableció que en todo el país las “tierras rurales extranjerizadas” no podían superar el 15% de la superficie nacional, además de establecer otras limitaciones al capital extranjero.
Pero luego de un intenso relevamiento catastral, la conclusión fue que el pronóstico inicial había sido demasiado pesimista, pues solamente 5,93% de las tierras rurales pertenecían a extranjeros. Así, aunque dependiendo de cada provincia, quedaba más del 9% del territorio rural en condición legal de pasar a manos de compañías o inversores de otros países.
Ese porcentaje, según los cálculos del sector inmobiliario, equivale a unas 24 millones de hectáreas.
Para tener dimensión de lo que significa, vale decir que la Argentina dispone actualmente de una superficie cercana a 30 millones de hectáreas cubiertas con bosques nativos. O que la superficie sembrada cada año con granos se aproxima a 34 millones de hectáreas. Es decir, lo que queda por ofrecer es un área enorme.
Pero, a más de tres años de la promulgación de la Ley 26.737, la CAIR recordó que “aún existen ocho provincias (Córdoba, Santa Cruz, Santiago del Estero, Corrientes, Jujuy, Salta, Catamarca y San Juan), que no han cumplimentado la presentación de sus Equivalencias ante el Consejo Interministerial”. La falta de estas reglamentaciones, según la entidad, perjudica a todo el país, que “pierde la posibilidad de recibir inversiones productivas en el sector agropecuario, perjudicando gravemente la realización de operaciones inmobiliarias rurales con extranjeros”.
A modo de ejemplo, la CAIR señaló que en Córdoba, que dispone de una superficie rural de 16 millones de hectáreas, solo el 1,04% está en mano de extranjeros. “Esto da como resultado que más de 2,2 millones de hectáreas podrían aún ser comercializadas con inversores extranjeros, beneficiando directamente a su economía provincial y consecuentemente a la nacional”.
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