Hace 4 Hs
AVANCE. El Gobierno de la Provincia consiguió la restitución de cinco terrenos fiscales desde octubre.
La Provincia logró recuperar más tierras de la Reserva Natural La Angostura, de las cuales dos estaban siendo ocupadas y la tercera nunca había sido utilizada para el fin que se le había destinado.
Esta es la primera acción que tomó la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural, creada para ordenar la situación de las tierras fiscales en toda la provincia, en particular en las villas turísticas. Con la medida cautelar dictada por una jueza, los funcionarios comenzaron con los trámites para recuperar los terrenos que están en el ingreso al Valle de Tafí y donde funcionaba un bar y comercio que vendía artesanías.
El otro predio que deberá ser desalojado es el que ocupó el club “Los Sauces”. Esa parcela, según confiaron fuentes judiciales, habría sido otorgada por selas gestiones que podría haber realizado la cacica Margarita Mamaní, titular de la Comunidad Diaguita El Mollar (Cidem).
Por último, en el trabajo realizado por la Unidad Ejecutora también surgieron las tierras otorgadas al club Monteros Voley hace más de 10 años. La provincia había cedido la posesión de una parcela para que el club construyera un complejo deportivo y un lugar para socios de la entidad y público en general. Pero como ese proyecto nunca llegó a concretarse, el Estado solicitó su devolución.
Restitución
En todos los casos, se ordenó la restitución y se dio un plazo a sus ocupantes para que desalojaran los lugares. Ayer, funcionarios de la Unidad Ejecutora dirigidos por su responsable, Hugo Vitale, notificaron a los demandados y colocaron carteles para informar que esos bienes pertenecen a la Provincia.
MEDIDA. En uno de los predios había un bar y un negocio de artesanías.
Esta es la quinta restitución que logró el Estado desde que estalló la polémica. En octubre, una comisión de empleados estatales descubrió que desconocidos estaban usurpando las tierras de la Reserva Natural La Angostura. La fiscala de Estado, Gilda Pedicone de Valls, hizo una presentación en el fuero civil para detener la venta de tierras y las construcciones.
El caso más notorio fue el del “Loteo Gaucho Castro”, en donde se inició una causa por la que están siendo investigados Juan Pablo Castro (titular el emprendimiento), el ex titular de Regularización Dominial y Habitat Fernando Rogel Chaler, los empleados de esa repartición Maximiliano Barreiro y Rafel Trujillo, Jéssica Mamaní (nuera del último trabajador estatal), Damián Romano (nieto político de Castro) y el comisionado rural Jorge Cruz, que fue separado de su cargo.
El expediente está paralizado porque la fiscala Mónica García no solicitó la audiencia de formulación de cargo en contra de los mencionados. El fiscal Miguel Varela había reunido los indicios de acusarlos por estafas reiteradas por la venta de terrenos de la Reserva.
Lo que no está paralizado es el destino de las tierras. El juez Mario Velázquez había ordenado la restitución a la Provincia de las tierras y el desalojo de las personas que vivían allí y la destrucción de las casas que se habían construido. Las órdenes no se cumplieron porque los abogados de los damnificados impugnaron la resolución.
Hoy, un tribunal integrado por Edgardo Sánchez, Jorge Carrasco y Matías Graña resolverá el caso. Pedicone anunció que la Provincia insistirá con la inmediata restitución.
También queda determinar el futuro del emprendimiento que brinda servicio de pesca y paseos de lanchas conocidos como “El Pelao”. El lugar que tiene como base fue tomado por la cacica Mamaní y entregado a un comunero. Este se lo cedió a su suegro que desde hace más de 10 años realiza una explotación comercial a nombre de un tercero.
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