Por Federico Türpe
16 Marzo 2024
Más que luz, una de las carencias más sensibles que padece Tucumán es la falta de luces. Sería tedioso repetir aquí, una vez más, la copiosa lista de rubros en los que la provincia lidera los peores rankings nacionales de las últimas décadas. Entre ellos, sin duda, uno de los más dramáticos es el déficit de obras de infraestructura, el que, según el segmento, fue insuficiente o directamente nulo.
En los últimos 40 años, la desinversión en temas como agua y cloacas, pavimento metropolitano, rutas y caminos, puentes, energía eléctrica, tratamiento de residuos, sistema penitenciario, transporte público o sistematización de cuencas y construcción y mantenimiento de diques, entre otros, avanzó a contramano del crecimiento de la demanda demográfica, urbana y productiva.
En la otra punta del subibaja observamos el crecimiento descomunal del gasto político en sus distintas variantes: empleo público (clientelismo), electoralismo, burocracia, nepotismo y sueldos e ingresos siderales en los tres poderes del Estado.
Según un reciente informe de la Fundación Libertad y Progreso, Tucumán es la quinta provincia argentina (sería la cuarta si no se cuenta a Tierra del Fuego que tiene regímenes especiales), donde más creció el empleo público durante los últimos 20 años. Entre 2002 y 2022 (sin contar el oneroso 2023 electoral) los asalariados estatales argentinos aumentaron el 69%, pasando de 1,34 millones a 2,27 millones de personas.
En la provincia, ese incremento fue del 102%, más del doble de lo que creció su población. En 2002 había 27 agentes estatales por cada 1.000 habitantes, mientras que en 2022 llegaban a 55, sin contar los miles de nombramientos electoralistas ocurridos en 2023, como ya se publicó.
En “la otra Argentina”, los distritos en donde menos aumentaron los trabajadores públicos fueron Santa Fe (36%), Córdoba (48%) y Mendoza (50%). No es casual que sean las tres provincias más prósperas y desarrolladas de la Argentina, además de CABA.
La ecuación es bastante simple: el dinero de la infraestructura se diluyó en los bolsillos de la política.
Las trompadas de Jaldo
En esta misma columna, que se publicó el 2 de marzo bajo el título “Las trompadas de Jaldo”, referida a los anuncios que hizo el gobernador en el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, el lector Marcelo Cardozo escribió al pie de la nota: “El párrafo defensivo de EDET debiera llevar el recuadro de los espacios publicitarios”.
La imputación del lector hacía referencia al siguiente pasaje: “EDET es la cara visible de la electricidad y por eso sufre los mayores embates de la sociedad, amplificados por la política que la usa de chivo para expiar sus propios pecados. Pese a ello es el eslabón más eficiente de la cadena. El mayor déficit es del Estado, tanto en generación como en transporte de energía -Jaldo lo sabe- y allí radica la centralidad de este anuncio”. El gobernador había comunicado la creación de una Sapem energética (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria), con objetivos bastante ambiciosos para Tucumán.
Jaldo confirmó ayer que conoce el problema, al anunciar la intervención del Ente único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) y la creación de una comisión investigadora para determinar las causas y las responsabilidades de los apagones ocurridos esta semana en Tucumán, que también se replicaron en Salta y en Jujuy.
La electricidad que consumen los usuarios proviene de tres actores: la generación, el transporte y la distribución.
No vamos a detenernos en la generación, el primer eslabón, por dos razones: por una cuestión de espacio y porque Tucumán produce más energía de la que consume, a través de centrales térmicas e hidroeléctricas, y el sobrante se “exporta” a otras provincias del NOA. Y podría producir aún más, a partir de la biomasa, de la energía solar y de más centrales hidroeléctricas, tema del que se ocuparía esta nueva Sapem.
El tercer eslabón, la distribución entre los clientes (EDET), está garantizado en cantidad y calidad, no en su totalidad, pero en un porcentaje muy por encima del promedio nacional (los datos son públicos). Pero corre con la desventaja de ser la cara visible de la cadena, como explicamos en ese párrafo que el lector Cardozo, en su desconocimiento, tildó de publicitario, y es además la encargada de cobrar de forma coercitiva costosísimas facturas. Resulta ser el blanco de la muy justificada furia ciudadana.
El segundo eslabón, el transporte, a cargo de la empresa Transnoa SA, es el más desconocido para la mayoría de la gente, y es el principal responsable de los cortes ocurridos en la región en los últimos años. Por decirlo de forma sencilla, Transnoa es el cuello de botella que existe entre la generación y la distribución energética.
Esta vez ocurrió una falla de aislamiento en una línea de alta tensión, de 132 kv, entre la Estación Transformadora Estática Sur y la Estación Sarmiento. Explicado de forma simple, los cables son “viejos”.
Esto no es nuevo y viene ocurriendo cada vez más seguido. En diciembre de 2021 se rompió una línea entre Stática y la Estación Independencia y EDET tuvo que realizar cortes segmentados. Tres meses después, un incidente similar dejó sin luz a la mitad de Jujuy por varios días.
Privadas, pero no tanto
La mayoría de las empresas de generación, transporte y distribución de energía que hoy conocemos surgieron en la década del 90, tras la privatización de la estatal Agua y Energía Eléctrica. AyE coexistía con otras empresas públicas, privadas y cooperativas. Luego del rediseño privatizador cambió el ecosistema eléctrico y la etapa de generación pasó a funcionar bajo condiciones de libre competencia y por eso hoy existen casi 60 empresas generadoras de electricidad. En cambio, los sectores de transporte y de distribución, considerados servicios públicos, son prestados por empresas privadas monopólicas, todas con importantes componentes estatales.
La composición accionaria de estas empresas cartelizadas está, en general, integrada por el Estado, sindicatos, ex empleados de AyE y los grupos empresarios prebendarios más poderosos de la Argentina.
El mercado mayorista de electricidad es operado por Cammesa, empresa 80% privada y 20% estatal, mientras que el transporte a gran escala lo realiza Transener, que administra el 85% del transporte de alta tensión (500 kv) y controla el otro 15%.
Transener pertenece a Citelec SA, que posee el 52,7% de sus acciones, que a su vez es co-controlada por Pampa Energía SA (presidida por el empresario Marcelo Mindlin), y la empresa estatal Enarsa, ambos con el 50% de las acciones de Citelec. El 19,6% restante está en manos de la Anses y el resto en la bolsa.
Luego están las transportadoras regionales, con líneas de menor tensión (de 132 a 400 kv), entre las que se encuentran Transnoa SA (la más importante), Transnea SA, Transpa SA y Distrocuyo SA.
Transnoa pertenece a Electronorte SA (57,76%), IATE SA (27,18%), provincia de Catamarca (5,06%) y al Programa de Propiedad Participada (PPP) 10%.
Electronorte es propiedad de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), que agrupa a los sindicatos del sector de la energía eléctrica argentina.
La filial de Luz y Fuerza de Tucumán afirma en su página de Facebook que “los sindicalistas se convirtieron en empresarios que crearon un holding que incluye, además de Transnoa, a Megaelect, a Asisnort, a Montelectro, a SIN SA, a CON SA. y a Ctnoa, firmas que operan como tercerizadoras, a fin de evitar responsabilidades patronales”.
Luz y Fuerza Tucumán denunció públicamente negocios espurios entre miembros de este grupo empresario. Aseguró que en Salta se vendieron terrenos pertenecientes a Agua y Energía por sumas irrisorias, un negociado que, según explicaron, se llevó a cabo entre empresas de la misma federación.
Dijeron que Transnoa le habría vendido a Ctnoa un predio de siete hectáreas por 100 mil dólares cuando el precio de plaza indicaba, en 2016, un valor de 400 mil dólares por hectárea. Hoy, en esos terrenos se desarrolla un emprendimiento inmobiliario. Es decir, el 70% de Trasnoa es del Estado y sindical, y el resto es una telaraña de empresas prebendarias. Eso sí, privadas.
Transnoa, Menem, Bauzá y Cavallo
Las PPP que participan de Centrales Térmicas Mendoza Sociedad Anónima y de Transnoa fueron creadas por decreto en el 93, efectivizado en el 95, firmados por Carlos Menem, Eduardo Bauzá y Domingo Cavallo, a razón de $1 por acción.
El Programa de Propiedad Participada (PPP) es un mecanismo previsto por la Ley 23.696 de Reforma del Estado para permitir a los trabajadores de una empresa sujeta a privatización, o privatizada, participar de su propiedad junto con otros inversores privados. Los trabajadores pasan a ser propietarios mediante la adquisición de acciones que emite la propia empresa.
IATE SA, con más de un cuarto de las acciones de Transnoa, pertenece al grupo empresario Taselli, que controla, entre otras empresas, a Ferrocarril Metropolitano (opera las ex líneas Roca y Belgrano Sur). También tiene inversiones en generación y distribución de energía, metalurgia (Materfer, Electroaleaciones, Aceros Zapla), petroquímica (Bermúdez), maquinaria agrícola (Agrinar) y el rubro alimenticio (Molino Bruning). En 2017 compró la filial argentina de la empresa láctea Parmalat.
Sergio Taselli, ex directivo de Aceros del Paraguay (Acepar) considerado uno de los grandes empresarios del kirchnerismo, fue detenido en 2018 por la causa de los cuadernos de las coimas K, luego de presentarse a declarar en forma espontánea ante el juez Claudio Bonadio. Taselli figura entre los arrepentidos de la causa. También fue investigado en Suiza por lavado de dinero.
Cuando Jaldo prometió ayer que se ampliaría la red de transporte de energía -la madre del problema-, aunque aclaró que dependían de “fondos nacionales”, se refería precisamente a esto. Que el NOA, al igual que otras regiones, están sujetas a empresas monopólicas, administradas por telarañas accionarias entre sindicatos, ex empleados de AyE y poderosos grupos empresarios, cuyas inversiones y prestaciones nadie controla, a juzgar por los resultados.
El Poder Ejecutivo ayer intervino el Ersept porque es evidente que no hacía bien su trabajo, de lo contrario habría decenas de carpetas con denuncias y sanciones a las empresas energéticas, tras años de desinversión.
Jaldo debería además aprovechar su reciente afinidad con el presidente Javier Milei para que la Casa Rosada coloque una lupa sobre el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), porque es evidente que también forma parte de una casta que cartelizó la energía argentina desde la década del 90, o bien antes de que la ola libertaria decida privatizar lo que ya fue “privatizado”.
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