La Provincia logró la reivindicación de tierras usurpadas por la comunidad indígena

Después de casi 10 años, la Provincia logró recuperar otro sector de la Reserva Natural La Angostura que había sido usurpada por la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar (Cidem) y donde funcionaba un emprendimiento de servicio de pesca y de paseos en lancha conocido como “El Pelao”. La Justicia no sólo ordenó la restitución de las tierras, sino que dispuso que los costos del largo proceso judicial fueran cubiertos por los demandados.

Este caso, que sin lugar a dudas generará un precedente, se inició en 2015. Ese año, agentes de la Dirección de Flora y Fauna descubrieron que en un predio de 7.600 metros cuadrados de la zona protegida había sido ocupada por desconocidos. Establecieron que personas habían alambrado el lugar, colocado un trailer y en las orillas, una importante cantidad de lanchas que eran alquiladas por pescadores o por turistas que pretendían hacer un recorrido por el lago.

Al comprobarse que se trataba de tierras de la Reserva, la Fiscalía de Estado presentó una demanda judicial en el Centro Judicial Monteros. El abogado Horacio Geria presentó entre otra documentación, el acta donde figura que la Compañía Azucarera Justiniano Frías Silva le cedió a la provincia en 1975 como forma de pago de una millonaria deuda impositiva y la escritura que se concretó en 1976. También entregó informes de la Dirección General de Catastro y del Registro Inmobiliario para demostrar la titularidad de las tierras. Al mismo tiempo, llevó un documento de un profesional de la Dirección Provincial del Agua en el que se daba cuenta que la zona era peligrosa porque podía inundarse. Así comenzó un largo derrotero judicial.

Polémicos trámites

La Provincia demandó a Miguel Andrés por haber usurpado esas tierras. El señalado se presentó ante las autoridades y desmintió esa versión. Indicó que las tierras en cuestión pertenecían a la Cidem y que su cacique Margarita Mamani le había cedido la posesión para que la utilice como operador turístico. También explicó que contaba con una autorización del Ente Tucumán Turismo para desarrollar la actividad. No informó si tributaba o realizaba algún servicio a Flora y Fauna por explotar los recursos del lugar.

Mamani se presentó ante la Justicia para tratar de llevar claridad al asunto. Reconoció que esas tierras las habían ocupado porque por derechos ancestrales les pertenecían a los pueblos originarios, por lo que rechazó el reclamo de la Provincia. Pero además aportó otro detalle: informó que la comunidad le había cedido esa parcela al comunero Monasterio, que es suegro de Andrés y que se había hecho cargo del emprendimiento.

El responsable de emprendimiento presentó una nota enviada a Juan Villa de Flora y Fauna para comunicarle el cambio y una foto del carnet emitido por Turismo a Monasterio para que pueda realizar la actividad. En el expediente no figura cuál fue el resultado de esa gestión. Sí los responsables del Ente informaron que la autorización continuaba a nombre del que había solicitado el permiso para operar en El Mollar.

“Desde hace 20 años se reconoció la posesión tradicional de las comunidades originarias en nuestro país. Antes de la llegada de los españoles, estas tierras estaban habitadas por los hoy llamados pueblos originarios que en su momento fueron la nación Diaguita. Es sabido que los pueblos originarios fueron diezmados, trasladados y despojados de sus tierras, convirtiendo dichos actos en un verdadero genocidio”, explicó Mamaní.

La cacique también informó que a Monasterio se le otorgó un permiso para explotar comercialmente una porción del territorio indígena. “Su familia y ancestros siempre tuvieron relación con los recursos del valle, pescando, alquilando botes, tenían un corral donde guardaban sus animales, y que de noche los animales aún concurren al lugar y antes de la construcción del dique ellos cultivaban esas tierras”, informó.

El fallo

En un extenso fallo, la jueza Eliana Eleas fijó postura. “La sola circunstancia de estar relevado en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), no resulta suficiente para acreditar que un inmueble pertenezca a la posesión tradicional de una Comunidad Indígena, pues esta última debe acreditar fehacientemente aquella posesión y la subsistencia del vínculo cultural de la comunidad con la tierra en cuestión”, fundamentó.

“A la comunidad accionada no le basta con demostrar su existencia como tal o su personería jurídica, incluso no basta que la tierra se encuentre relevada por el INAI. Debe probar la posesión tradicional de las tierras que dice haber ocupado, circunstancia que no surge ni siquiera de forma indiciaria de las pruebas rendidas en autos”, destacó. “La Comunidad demandada no sólo no ha acreditado detentar la posesión actual y tradicional, sino que además tampoco ha demostrado que hubiera existido -y eventualmente persista- un vínculo espiritual y cultural con las tierras objeto de este juicio, toda vez que la referencia a las tierras que tradicionalmente ocupan es un concepto jurídico relativo al dominio comunitario indígena, que esencialmente importa una ocupación inmemorial o ancestral”, destacó.

Eleas sostuvo que la Cidem estuvo lejos de demostrar que tenía la posesión de las tierras, sino que sólo contaba con un permiso como “operador de turismo” (sin identificar el lugar preciso en el que está autorizado a prestar servicios vinculados con el turismo) y de cierta documentación, que “en forma unilateral habría presentado Monasterio ante Turismo, pero que no fue presentada como prueba”.

La magistrada resolvió tres puntos claves. El primero, rechazar la demanda contra Andrés, pero sí accionar contra la Cidem. Ordenar la reivindicación de las tierras a la Provincia y otorgarle 10 días hábiles para que desocuparan las tierras desde el momento que quede firme la sentencia. Por último, la comunidad deberá hacerse cargo de las costas del proceso judicial que duró casi 10 años.

Los espacios que el Estado intenta recuperar en la Justicia

En octubre pasado, empleados estatales descubrieron que desconocidos estaban ocupando terrenos en la Reserva Natural La Angostura. La Provincia reaccionó de dos maneras. La Policía eliminó todas las cercas que habían instalado los representantes de la Comunidad Indígena Diaguita El Mollar en el perilago, medida que fue cuestionada por penalistas especializados en derecho de los pueblos originarios y humanos. Luego, la fiscal de Estado Gilda Pedicone presentó una medida de no innovar en el fuero contencioso administrativo para evitar que continuaran la venta de tierras y las construcciones. Una jueza aceptó el planteó y quedaron en la mira cinco emprendimientos. La Provincia comenzó a accionar legalmente para lograr recuperar esos espacios. El más conocido de todos es el proyecto inmobiliario “Loteo Gaucho Castro” en el que la Justicia determinó su restitución. También fue demolido totalmente Costa de Piedra, una especie de boliche que estaba ubicado en lugar conocido como “La Playita”. Ahora se sumó el desalojo del servicio de pesca y de paseo en lanchas conocido como “El Pelao” que, según confirmó fue usurpado por la CIDEM, que cedió a un comunero y luego a un tercero.

Quedan dos situaciones por resolver. Una de ellas es definir qué sucederá con el club Los Sauces (que también habría sido otorgado por la cacique Margarita Mamani) y que en diciembre último fueron intimados por las autoridades que no realizaran ningún tipo de obra, ya que estaban construyendo una cancha de fútbol reducido.

También están bajo la mira el negocio de venta de artesanías y el bar que fueron instalados en la entrada del Valle de Tafí. Esas tierras habían sido cedidas por la Provincia al Automóvil Club Argentina (ACA) para que instalara un emprendimiento turístico. Sin embargo, la entidad devolvió el espacio, pero el Estado nunca oficializó el reintegro de ese patrimonio. Por gestión de la fiscal Pedicone, ya se está cerrando el trámite de escrituración, que permitirá el desalojo inmediato de los ocupantes. El lugar conocido como Club Náutico es otro de los puntos que genera polémica. Ese espacio fue cedido para que un club de pesca instalara una sede social para que fuera utilizado por sus socios y tucumanos en general. Sin embargo, con el correr de los años, se vendieron parcelas y se creó el primer barrio cerrado de El Mollar. Este caso también está judicializado y fuentes tribunalicias confirmaron que es inminente su resolución.