La ley de ética pública podría ser debatida en Tucumán

En poco menos de un mes comenzará el período ordinario de sesiones de la Legislatura de la provincia. En la carpeta de asuntos vinculados con la transparencia en la gestión pública aparecen varios asuntos pendientes y otros que no logran entrar en el radar de las prioridades. Entre los primeros están los postergados proyectos de ficha limpia y de acceso a la información pública. Ambos cuentan con el aval del gobierno de Osvaldo Jaldo. Entre los segundos, se incluye a la discusión de una ley de ética pública que regule y sancione conductas indebidas de los funcionarios del Estado. Desde hace 26 años, cuando se sancionó la ley nacional, el tema aparece de manera recurrente en la agenda parlamentaria local pero jamás llegó a debatirse, ni siquiera en una comisión.

La reforma de 1994 incorporó en la Constitución nacional la llamada “Doctrina de la Corrupción”, la que equipara la malversación de caudales públicos a un atentado al sistema democrático. Cinco años después, se sancionó la “Ley de Ética de la función pública”.  Esa norma regula la actividad de todos los funcionarios de los poderes del Estado y fija deberes de comportamiento mientras estos duren en el cargo. Entre otras cosas, se norman los conflictos de intereses que pueden presentarse en el ejercicio de la tarea, el régimen de obsequios que pueden o no recibir quienes trabajan en el Estado e impone la obligatoriedad de la presentación de declaraciones juradas al ingreso, en forma anual y al cese del cargo para todos sin excepción. La norma creó, además, la Oficina Anticorrupción como organismo de control y ejecución de las pautas previstas. Aunque con trabas del propio poder y muchas limitaciones, todos la mayoría de los especialistas admiten que la norma abre la puerta al control ciudadano de quienes ejercen la función pública. Se trata de contar con herramientas que pueden ser muy eficientes para transparentar lo que estos hacen.  

El régimen de ética pública se inspira en una filosofía: quienes ejercen cargos públicos son “servidores”. Por ese hecho, están obligados a actuar con virtud, conducta, capacidad y ética en la búsqueda del bien común que implicar la organización de un Estado. Los límites entre lo que está bien y lo que está mal deben ser claros; y cumplirse.  En un ejemplo práctico podría decirse que ingresar pobre y salir rico de un cargo público debe ser un hecho objetable y sancionable. Recibir regalos a cambio de favores o generar privilegios para uno o para la familia, también. Una ley de ética pública lo que busca es hacer efectivas esas limitaciones.

Gritos sin eco

Desde hace casi una década, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) impulsa un proyecto para regular la actuación de los funcionarios públicos en la provincia. La entidad realizó foros y promovió campañas de recolección de firmas, pero no logró instalar la discusión en la agenda política. El texto sugerido incluye la obligación de presentaciones juradas, un régimen de incompatibilidad para cumplir tareas en  los tres poderes y pautas más estrictas para las contrataciones en las que intervenga el Estado.  

Hace una década, también, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) difundió un informe sobre la calidad institucional en Tucumán, Entonces, planteó la necesidad de regular pautas de ética de los funcionarios públicos locales. En especial se apuntó a la falta de un régimen que obligue a presentar declaraciones juradas o de pautas que se apliquen para casos de conflictos de intereses.

El problema de las declaraciones juradas aparece con observaciones recurrentes en este debate pendiente. Desde 1973, está vigente una ley que obliga a las personas que ocupan la función pública en los tres poderes del Estado a confeccionar sus declaraciones cuando asumen las funciones públicas. La misma norma impone actualizar ese documento en el caso de “modificaciones sustanciales”, aunque no aclara que hecho implicaríane esa actualización. Por otra parte, el documento no es público y permanece reservado en despachos oficiales.

Varios proyectos

Tucumán tiene una deuda con la regulación de la ética pública. Salta, Santiago del Estero y otras provincias dictaron sus propios regímenes a partir de la ley nacional. Otras como Buenos Aires o Entre Ríos abrieron la discusión el año pasado por impulso de sus gobiernos locales. En las últimas ocho composiciones de la Legislatura provincial, desde 1999 hasta hoy, casi no hubo legislador opositor que no presentará un proyecto para avanzar con este tema. Con sus matices, cada uno intentó imponer un régimen para regular las cargas éticas y legales que debería imponer el ser funcionario público en Tucumán. Las últimas iniciativas datan del año pasado y aún tienen estado parlamentario. ¿Será este el año?. El debate está abierto.

“No todo lo que brilla es oro”

Por Nicolás Zavadiker

Doctor en Filosofía - UNT

Llamamos moral al conjunto de normas y valores que guían y regulan los comportamientos de las personas en una determinada sociedad. En el caso de la moral en la función pública, a esos principios generales se suman otros específicos, ya que - al transformarse en servidor público - la persona se ocupa no sólo de sus asuntos personales, sino también de los de los demás ciudadanos, por lo que se exige más de su conducta. De esta manera, un funcionario adquiere un compromiso especial de regirse por ciertos valores: transparencia, responsabilidad institucional, honestidad, perseguir el interés general, actuar en el marco de la legalidad, etc.

En nuestro país, la actuación de muchos funcionarios del Estado no estuvo a altura de estas exigencias, lo que fue provocando un cierto nivel de hartazgo en buena parte de la población. De allí que, en un intento de diferenciarse de esa pobre imagen, los mismos sectores políticos vienen promoviendo - aunque en muchos casos, sin mayor convicción - un conjunto de leyes que se supone mejorarían la performance moral de nuestros funcionarios.

Los términos valorativos con que se menciona a esas normas (‘ética pública’, ‘ficha limpia’, ‘transparencia’) encierran una connotación positiva y pretenden provocar por sí mismos un asentimiento moral del ciudadano. ¿Qué dirigente podría oponerse a alguna de esas propuestas, sin considerarse sospechoso de quién sabe qué cosas?

Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, y cada propuesta debe analizarse con cuidado. Por ejemplo, la llamada ‘ficha limpia’, además de sus ventajas, también tiene sus riesgos. La experiencia nos revela que los gobiernos muchas veces tuvieron injerencia sobre las decisiones judiciales. Y no es impensable que una denuncia se transforme en una herramienta política para proscribir candidatos. Habrá que evaluar en cada propuesta, sus ventajas y sus desventajas, y eventualmente mejorarlas para reducir éstas últimas.
Si mediante un paquete de leyes podríamos realmente modificar la cultura política de búsqueda del beneficio personal o del sector, bienvenida sea. La experiencia histórica nos muestra, lamentablemente, que las cosas no ocurren así; y que los corruptos siempre encuentran márgenes para deformar los intereses generales y adaptarlos a los propios.  En suma, puede discutirse la conveniencia o inconveniencia de este tipo de leyes; lo que no debe hacerse es creer que de esa manera garantizamos llevar la ética al terreno de lo público.

“La transparencia es vital en tiempos de escasez”

Por Juan Exequiel Lozano

Presidente de la Asociación Argentina de Administración Pública

El fin de los períodos legislativos 2023 y 2024 fueron momentos propicios para retomar los debates parlamentarios sobre la ética y transparencia en la función pública, así como el debate sobre la regulación del derecho de acceso a la información pública en Tucumán. Son deudas pendientes ampliamente solicitadas por diversos sectores de la sociedad.
Estas temáticas adquieren un nuevo interés en estos últimos años donde ha cobrado nuevo vigor. La voz de la ciudadanía demanda instituciones sólidas, gobiernos responsables y austeros, y gobernantes que ejerzan su función con transparencia y austeridad.

En el ámbito nacional, estas cuestiones fueron resueltas mediante la sanción de distintas leyes. De esta forma, y tomando particularmente lo relacionado con la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos y la de los actos de gobierno, se puede advertir que son normas fundamentales para garantizar un control efectivo sobre la gestión pública.

El establecimiento de los estándares de conducta para los funcionarios públicos previene, tanto la aparición de conflictos de interés como la proliferación de prácticas irregulares. En tiempos en que la preocupación ciudadana sobre los hechos de corrupción sigue en aumento, su implementación se vuelve urgente, Se trata de revalorizar la noción de servidor público y servicio público orientado al ciudadano.

La transparencia resulta una columna en la gestión pública, porque permite a los ciudadanos comprender de qué forma se toman las decisiones gobierno que directa o indirectamente tienen impacto en sus vidas. En estos tiempos en que se toma conciencia de que los recursos con los que cuenta la población resultan especialmente escasos, cobran una nueva y especial relevancia estas temáticas. Solo con una administración transparente se garantizará el uso justo y eficiente de los recursos.

Ahora, ello no acaba allí, puesto que es también fundamental garantizar y regular el derecho al acceso a la información pública para que las normas sobre ética y transparencia logren su cometido. Y, a su vez, la simple existencia de esta normativa sería solo un concepto teórico si no se implementan conjuntamente mecanismos de control y sanciones.

La experiencia muestra que una buena legislación fortalece significativamente la democracia, mejorando la relación entre el Estado y la sociedad.

“La política no quiere límites”

Por Rafael López Guzmán

Abogado, Referente de CREO

Que no haya ley de ética pública no sorprende en Tucumán porque no hay ética en sus dirigentes. Los mismos de siempre son los que deberían sancionar una ley pero son los mismos, oficialistas y opositores, que vienen avalando los acoples, el nepotismo, el amiguismo y el uso de fondos públicos para hacer política en beneficio propio.
No hay un municipio en Tucumán en donde no se sucedan familiares o amigos o el más obsecuente. No hay un Municipio en Tucumán que haya bajado impuestos. No hay un municipio en Tucumán que muestre realmente en qué gasta la plata y para qué. Mucho menos el Gobernador y los legisladores.

Tucumán sigue estando en el podio de la inseguridad, de la pobreza, de la falta de obras, de la falta de oportunidades, de la asfixia con impuestos a los laburantes. Somos la tierra de los ñoquis, pedirle a estos legisladores y a este gobierno que avancen en una ley de ética pública o de acceso a información pública es pedirle peras al olmo. Estos políticos no tienen ninguna ética.

La salida a este problema es con cambios de fondo que, reitero, no se pueden esperar de los que no quieren autolimitarse. Promovemos la participación ciudadana porque la clase política no quiere hacer lo  que todos necesitamos para tener un provincia mejor. No se trata de antipolítica, sino de hacer una política donde la honestidad y el compromiso ético tengan un valor que hoy no tiene.

“Generar confianza ciudadana”

Por Gabriel Yedlin, legislador provincial

La democracia exige instituciones y marcos legales que estén a la altura del desafio actual. Esto implica resolver los problemas de una sociedad compleja en un mundo en crisis. Se trata de generar confianza. En este sentido, creo que el punto de partida para comenzar a desandar el camino de un mejor sistema de gobierno y tener mejores instituciones y leyes que resuelvan los problemas actuales, es claramente una ciudadanía mas y mejor informada.

Las leyes que el Estado genere, deben estar orientadas a una mayor y mejor participación de todos aquellos que quieren aportar a mejorar nuestro sistema actual. Si, por el contrario, las leyes buscan proscribir, limitar la participación o solo buscan tener un impacto electoralista o de marketing generando un innecesario gatopardismo deberían ser revisadas y cambiadas.

La ley nacional de ética pública n° 25188 obliga a funcionarios a presentar declaraciones juradas patrimoniales al inicio y a la finalización de sus gestiones. Estos documentos ser públicos y obligan a informar la incompatibilidad laboral, tema importante para descartar que proveedores del estado contraten sus propias empresas. Esto es importante para evitar probables hechos de corrupción.

Reafirmo mi apoyo y compromiso con las normas de ética pública y de ficha limpia siempre que generen confianza en el sistema y no vulneren derechos individuales y colectivos.  

“La provincia está en falta”

Por Silvia Elías de Pérez, legisladora UCR

Creo en el requisito de la integridad como algo indispensable en las personas que cumplen funciones en un servicio público. Contar con una buena ley de ética pública puede significar un importante avance hacia la consolidación de una administración pública más transparente y responsable, estableciendo pautas claras para el comportamiento de los funcionarios y ayudando a prevenir la corrupción y a promover la transparencia.

Una ley de ética púbica es sana para la democracia. Es indispensable que los funcionarios rindan cuentas de sus actos y cualquier limitación a los abusos es muy importante. Tucumán debe avanzar hacia estándar democráticos en los que hoy está en falta y uno de ellos es una norma de este tipo.

En cuanto a los últimos  proyectos presentados, tengo ciertas reservas respecto de algunos temas que creo deben incorporarse al régimen previsto. Hay que regular una autoridad de aplicación de la ley , no se establecen los requisitos de la declaración jurada ni se toma en cuenta la autonomía de los municipios. Tampoco se establecen incompatibilidades en el ejercicio de la función pública.
Estamos a tiempo de realizar los cambios necesarios para lograr un sistema transparente y eficaz que mejore la percepción de los ciudadanos sobre sus instituciones, republicanas fortaleciendo así la democracia y la participación cívica.